El Consejo Gremial Nacional (CGN) solicitó al Gobierno y al Congreso de la República que no ratifiquen el Acuerdo de Escazú.
El presidente del CGN, Jaime Alberto Cabal, aseguró que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país,insistimos en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso”.
“Es inconveniente para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”, agregó.
En ese sentido, los empresarios dieron a conocer algunas de las razones por las que les preocupa la ratificación del proyecto de Ley:
*El Acuerdo fomenta la participación ciudadana y el acceso a información del sector ambiental. Colombia cuenta con un amplio sistema normativo de participación ciudadana y acceso a la información, que, siendo susceptibles de mejora, no requieren de un tratado internacional que contempla mecanismos poco convenientes al respecto.
*El proyecto contempla que cualquier ciudadano, sin tener interés legítimo en una actividad o proyecto en proceso de licenciamiento ambiental, y sin verse afectado de manera directa o indirecta, pueda, en todas las etapas del mismo, interponer acciones administrativas o judiciales y afectarlo, causando inseguridad jurídica.
Además, los empresarios señalaron que el Acuerdo obliga a las entidades públicas a revelar información confidencial de las actividades y proyectos en trámite y obliga a los actores privados, parrticulares o sociedades, a entregar información confidencial de sus operaciones, violando principios fundamentales y de competencia, en una intromisión indebida en la esfera privada.
Otro de los puntos que les preocupa a los empresarios, es que el Acuerdo permite que cualquier organización, nacional o internacional, pueda hacer uso de acciones administrativas o judiciales, lo que conduciría a que una organización del exterior, independiente de su interés -no requiere que sea legítimo- afecte una actividad o proyecto de desarrollo, de cualquier sector económico.
En ese sentido, Cabal concluyó que “la protección, garantías, principios, trámites y derechos que pretenden reconocerse con el Acuerdo de Escazú no suman al ordenamiento nacional pues muchos ya están incluidos, tienen reconocimiento jurisprudencial y se vienen aplicando, y por el contrario generan un enorme riesgo, cuando el país reclama con urgencia reactivación, crecimiento, y empleos”.
