Luego de los audios a los que tuvo acceso RCN Mundo sobre un posible fraude electoral en las votaciones del pasado 13 de marzo y que se habrían alertado desde enero, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, se pronunciaron al respecto.
En diálogo con RCN Mundo, ambos coincidieron que se debe avanzar en las investigaciones para determinar la veracidad de las denuncias sobre delitos electorales en medio de las votaciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas.
De acuerdo con el magistrado Luis Guillermo Pérez, quien vote de manera fraudulenta tendrá que purgar una condena que oscila entre los cuatro y los nueve años de prisión.
En ese sentido, señaló que a través del Consejo Nacional Electoral se fortalecieron los formularios E14 que arrojan mayor información sobre los jurados y cómo se comportaron en medio de las votaciones.
«Los jurados deben recordar que el voto fraudulento da una pena de prisión de 4 a 9 años. Ahora hay mayor trazabilidad porque se ha tenido que cumplir la resolución 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral que establece que hay que poner huella y firma. Esto ha contribuido mucho a evitar irregularidades, pero también sirve para que la Fiscalía General investigue si hay personas que han sufragado dos veces», afirmó.
Precisó que el CNE solicitó que de manera urgente que se adelantara una auditoría internacional en la que se cumplan los estándares internacionales y en la que se inspeccione qué problemas se presentaron en las pasadas elecciones.
Cabe mencionar, que el Ministerio de Hacienda ya aprobó los recursos por 3.277 millones de pesos para una auditoría internacional de los softwares contratados por la Registraduría, para garantizar la transparencia en el proceso electoral.
«El día de hoy se realizará una reunión entre el presidente del Consejo Nacional Electoral que tiene una cita con el contralor y el ministro del Interior, para que decidan cuál de las tres firmas que cotizaron se encargará de hacer la auditoría y que la próxima semana ya se esté adelantando esa labor tan necesaria para darle garantías garantías a toda la ciudadanía», afirmó.
Por su parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, aseguró que tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación ,deben encargarse de la investigación.
Barrios señaló que la investigación no se debe adelantar por pate de la Registraduría Nacional del Estado Civil. «Peritos de la Fiscalía y de la Procuraduría deben adelantar la investigación, haciendo un barrido de los jurados de votación para empezar a descartar que quedaron en el mismo puesto de votación pero no en la misma mesa. Eso ya da un universo de datos que se puede comparar», afirmó.
Finalmente, la directora de ese organismo concluyó que ya debió adelantarse una verificación de cómo votaron los jurados, e indicó que estas conductas se constituyen en un evidente concierto para delinquir, por lo que se hace necesario avanzar en la investigación.
