El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, hizo fuertes cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación por la impunidad que aseguró se presenta en las investigaciones por crímenes de excombatientes de las Farc, tras la firma del acuerdo de paz en el país.
Álvarez Santoyo indicó que, según el Mecanismo del Monitoreo de Riesgo del Sistema Integral para la Paz, desde el primero de diciembre de 2016 hasta el 31 de abril de 2022 se tiene un registro de 327 excombatientes de las Farc asesinados, de los cuales, 315 ya habían suscrito acta de sometimiento ante la JEP. Además, una de cada tres víctimas lideraban procesos de reincorporación.
Así mismo, sostuvo que a la fecha, los jueces han emitido 39 sentencias condenatorias por estos homicidios. Sin embargo, dichas condenas sólo se concentran en hechos ocurridos en 29 de los 119 municipios donde han sido asesinados exguerrilleros de las Farc.
«Las 39 sentencias que se han logrado corresponden a hechos ocurridos en 29 municipios, es decir, que de los 119 municipios donde se han producido homicidios, hay 90 municipios donde no se han producido resultados positivos y específicos y es donde más muertes se han causado y donde más han crecido los grupos armados al margen de la ley», dijo Álvarez.
Ante este escenario, advirtió que «es preocupante esta situación porque desde el punto de vista geográfico tenemos una impunidad del 76%, si se miran las entidades territoriales y sin embargo, no hemos tenido alguna sentencia hasta la fecha».
De igual forma, señaló que se estableció que 23 de las sentencias analizadas fueron obtenidas tras preacuerdo entre la Fiscalía y los victimarios y en otras dos por allanamiento a cargos, donde en muchas circunstancias se registraron acuerdos de negociación muy laxos al pasar de ser condenados los autores como simples cómplices.
«Por ejemplo, en uno de los casos analizados fue condenado el autor de la conducta como cómplice, no obstante a tener abundante material probatorio sobre la forma como se desarrollo este homicidio e incluso la misma hermana del condenado declara en el proceso sobre la responsabilidad de él y aún así se le condena como cómplice, otorgándole unos beneficios que parecieran no enviar una señal positiva en torno a las investigaciones», dijo Álvarez.
También cuestionó que se ha identificado que muchos de los autores de estos homicidios pertenecen a bandas criminales y otros grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN, por lo cual, no deberían ser merecedores a este tipo de beneficios jurídicos.
A su turno, el director de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, defendió la actuación de este organismo e informó que además de las 39 sentencias condenatorias contra responsables de crímenes de excombatientes, 52 procesos se encuentran en etapa de juicio, 21 implicados con imputaciones de cargos y 52 órdenes de captura.
«Pensar en que hay una responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General para desmantelar las estructuras criminales limita la posibilidad de incidir e impactar realmente sobre este fenómeno que va creciendo», dijo el fiscal delegado.
