Cuatro de los nueve magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Constitucional se declararon impedidos para participar de las discusiones que resolverán que modelo judicial se debe aplicar en el país para investigar a los congresistas y aforados constitucionales.
Actualmente el modelo que se usa, se conoce como el inquisitivo (ley 600 de 2000), el cual consiste en que la Corte Suprema de Justicia es el mismo investigador y juez de ese grupo de personas.
Si ese modelo se cambia, ese grupo de ciudadanos podría ser juzgado bajo el actual sistema penal acusatorio, por le cual se juzga a cualquier persona. (ley 906 de 2004).
Los magistrados que se declararon impedidos, dicen que no pueden participar de esa decisión porque actualmente tienen investigaciones en la Comisión de Acusaciones (que es su juez natural) y la decisión que tome la Corte podría afectarlos o favorecerlos, es decir, tendrían claros intereses en el sentido del fallo que acoja la Corte.
Los magistrados que presentaron esos argumentos fueron Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Cristina Pardo.
Así las cosas la decisión de fondo que deba tomar la Sala Plena esta supeditada a que se resuelva si ese grupo de magistrados es apartado o no de la discusión. Si la Sala les acepta los impedimentos deberán escoger conjueces para decidir.
La ponencia ya la presentó el magistrado Jorge Ibáñez y va en la línea de eliminar el régimen inquisitivo, tal cual como pide la demanda que abrió ese debate.
En ese caso la procuradora Margarita Cabello Blanco ya presentó su concepto en el sentido de pedirle a la Corte que se abstenga de pronunciarse de fondo considerando que hay una “ineptitud en la demanda”.
En otras palabras, “la Procuraduría considera que los cargos de la demanda de la referencia son ineptos para generar pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.
La demanda se presentó por los abogados Mauricio Dueñas y Jaime Posada, después de la polémica que se desató por la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al congreso con el fin de que sus investigaciones por presunta manipulación de testigos pasaran a la Fiscalía por supuestas faltas de garantías en la Corte Suprema de Justicia.
