Tras la suspensión del alcalde de Medellín Daniel Quintero, la Misión de Observación Electoral confirmó que a través de la plataforma ‘Pilas con el Voto’, que han recibido 203 reportes ciudadanos sobre presunta participación en política de funcionarios públicos de cara a las elecciones presidenciales.
De acuerdo con Danilo Sepúlveda, subcoordinador del área jurídica de la MOE, Para las elecciones a Congreso y Presidencia 2022, la Misión a través de su plataforma “ha recibido 203 reportes ciudadanos sobre la presunta intervención en política de funcionarios públicos. Estos reportes comprenden dos fenómenos: por un lado, todo lo que tiene que ver con la simpatía demostrada por funcionarios públicos a través de redes sociales o eventos públicos con un total de 117 reportes, pero además también hemos registrado con 86 reportes el fenómeno a través del cual, funcionarios públicos ejercen presión a contratistas o particulares para que apoyen una determinada causa política”.
Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, señaló que la Misión ha hecho un llamado a los organismos de control y a la Fiscalía General de la Nación para que de acuerdo con sus competencias, se limite la presunta participación política que afecta la contienda electoral y el equilibrio entre las diferentes campañas.
“Desde la MOE se hace énfasis en las facultades preventivas que tiene la Procuraduría General de la Nación sobre las cuales puede fundamentarse para hacer llamados de atención, explicar y delimitar cuáles son las acciones que puede desarrollar los distintos funcionarios públicos frente a la participación en política”, dijo.
Mancera recordó que “la Procuraduría tiene la facultad sancionatoria sobre todos los funcionarios que han sido nombrados o designados, sin embargo para aquellos funcionarios elegidos popularmente es una competencia de la Fiscalía investigarlo para que sea sancionado por un juez penal tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana Derechos Humanos, (CIDH) y sobre lo cual la Misión ha sido reiterativa y ha sido enfática en que es la decisión y la interpretación adecuada frente a que solo solo es un Juez quién puede limitar los derechos políticos de funcionarios públicos elegidos popularmente”.
El coordinador de la MOE, celebró las acciones que dentro de sus competencias puedan desarrollar las distintas entidades de investigación y de control para «prevenir, limitar y sancionar a quienes terminan afectando la contienda electoral y el equilibrio entre las campañas”.
2022, el año más violento para líderes políticos, sociales y comunales: MOE
Para Alejandra Barrios, directora de la MOE: “Este incremento de la violencia contra los líderes y lideresas además está enmarcado en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales (GAI), que han aprovechado el vacío dejado por la extinta guerrilla de las Farc y la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”.
Según Barrios, en comparación con el periodo 2020-2021, para el periodo preelectoral de 2022, el accionar de los GAI aumentó en un 19%, fundamentalmente en los meses de mayo, septiembre y febrero. En este último mes tuvo lugar el paro armado del ELN en 12 departamentos del país, que dejó un saldo de al menos 59 acciones violentas, entre ellas: 8 actos terroristas, el bloqueo de 11 vías, la incineración de 10 vehículos, el cierre de 23 terminales de transporte, el asesinato de un líder social y hechos de amedrentamiento.
Los líderes políticos -principales participantes en los procesos electorales- fueron víctimas de 242 hechos de violencia, 102% más que en el 2018. En el periodo electoral de 2022 se mantuvo la correlación que la MOE ha identificado entre los hitos electorales y la violencia, según la cual las agresiones contra líderes políticos aumentan a final del año, con el inicio de la campaña y la inscripción de candidaturas tanto al Congreso, como a Presidencia. El 21% de los hechos violentos contra este liderazgo fueron letales, lo que representa un aumento de 11% respecto del 2018.
“Los funcionarios públicos de elección popular y candidatos al Congreso fueron los más vulnerados al concentrar el 57% del total de agresiones contra los líderes políticos, por lo que garantizar la protección de los y las Congresistas electos, así como de las candidaturas que no fueron elegidas, continúa siendo fundamental”, destacó.
La MOE también señaló el aumento en los hechos de violencia contra las lideresas del país, que pasaron de ser 49 en el 2018 a 149 en el 2022, con el agravante de que la letalidad también incrementó un 110%; superando por mucho el crecimiento general de la violencia letal contra líderes.
