Los padres de un joven colombiano que murió ahogado en México, durante una excursión escolar en el año 2019, piden que la empresa turística que organizó el viaje, responda por dicha muerte, asegurando que esta no cumplió con las medidas de seguridad necesarias y que habían sido estipuladas dentro del contrato inicial del servicio ofrecido.
Esta denuncia es contra la empresa Tour School, que según se denunció en RCN Mundo, estaría involucrada en una presunta estafa, por el incumplimiento de unos bonos que dieron a cambio de la excursión de varios colegios, que no se pudo realizar por motivos de pandemia.
Según información entregada por los padres que contrataron la empresa turística, esta fue escogida por medio de un proceso de licitación donde la seguridad era la prioridad.
Pese a ello, se dieron algunos incumplimientos que alegan, habría facilitado la tragedia: «en la cláusula Primera se estableció que el cenote que nuestros hijos visitarán era ‘IKKIL, mejor cenote de la zona’ sin embargo; después de la llegada de nuestros hijos nos enteramos que los habían llevado a otro Cenote llamado X-CAJUM, lugar donde desafortunadamente sucedieron los hechos y falleció el estudiante y donde ni la agencia ni este sitio exigió la utilización de los chalecos a los estudiantes que entraban al pozo».
Cambio que según describen, nunca se les informó y «no entendimos por qué la agencia tomó esta decisión, máxime cuando en la clausula quinta – Obligaciones de Tour School punto 13 se define qué: No variar en todo ni en parte las condiciones, garantías, derechos incluidos y demás especificaciones determinadas en el presente contrato”.
Además de ese cambio, el argumento de los padres es que se dieron otras falencias como que en el contrato se aseguraba que “ 2 Guías Colombianos con más de cinco años de experiencia en el manejo de grupos.
«El número de guías locales será de un guía por cada siete usuarios para las noches y de un guía Colombiano, un nativo y un guía arqueológico para las salidas diurnas; es decir, tres guías por cada 25estudiantes en el día”, indicaron señalaba el contrato.
Sin embargo, los mismo reclamantes aseguraron que desde la salida en el aeropuerto y durante la excursión, siempre hubo «solo un guía de experiencia (Sebastián Quinchia) porque aun cuando habían dos guías en el aeropuerto el otro estaba asignado a otro colegio de la ciudad de Neiva, que salió en el mismo vuelo y durante los mismos días de la excursión y así se manejó siempre la excursión con un solo guía Colombiano de experiencia».
Frente a los reclamos realizados por los padres de familia, el vocero de la empresa Tour School aseguró que inmediatamente se enteraron del hecho, se pusieron frente a la situación.
«Personalmente viajé hasta México y nos encargamos de todo el procedimiento para el traslado, pagamos cerca de 25 millones de pesos solo por el sepelio en Colombia y el gasto fue cercano a los 100 millones de pesos si se incluye el pago de traslado y estadía de los padres del menor, que viajaron por nuestra cuenta hasta México», aseguró el vocero de la agencia de viajes, quien además destacó que el hecho había sido catalogado como accidente, por lo que no era responsabilidad de ellos, pagar a los padres por los perjuicios que se pudieran dar tras esta muerte.
También en su defensa, el vocero de Tour School aseguró que el evento ocurrió en un lugar privado y que ofrece algunas garantías que se habrían incumplido, por lo que los responsables de esta muerte serían los representantes del cenote donde se ahogó el joven.
Sumado a ello, el vocero de la empresa Tour School aseguró que habría una condición médica del menor, que no fue puesta en conocimiento de la agencia y que podría ser la causante de esta muerte, hecho que fue negado por la familia.
El abogado mexicano, Roberto Andrés Acero Garavito, representante de la familia del joven muerto, aseguró que desde la fecha del propio hecho, la Fiscalía General del estado inicio una carpeta de investigación y que esta sigue abierta. Por lo que no es cierto que ya se determinara que el hecho fue un accidente.
“Solicitamos la diligencia de inspección ocular en las inmediaciones del cenote para determinar si existían dispersivos de seguridad y/o prevención de accidentes. Es decir anuncios barandales, personal de seguridad, salvavidas entrenados, chalecos salvavidas, equipo y material de primeros auxilios, etc”, explicó el abogado.
En ese mismo sentido, el abogado aseguró que “el resultado fue que en el lugar había algunos carteles con recomendaciones en inglés y español. Que prohibía correr, brincar de partes altas, pero el hallazgo principal fue que el uso de los chalecos salvavidas tenía un costo; en la entrada de las inmediaciones del cenote las personas Tenían la opción de rentar un chaleco salvavidas por un costo que iba entre 1 y 2 dólares, pero nadie exigía que quienes ingresaran al cenote portaran en todo momento el chaleco salvavidas”.
De igual forma la defensa aseguró que, “solicitamos informes a la secretaría estatal de turismo y a protección civil del estado de Yucatán, para que informaran si la empresa propietaria del cenote contaba con capacitación en prevención de accidentes, o si contaba con algún tipo de certificación de calidad en atención al turismo”, dijo el abogado y aseguró que “nos aseguraron que fue que no había registro alguno y que no existía la obligatoriedad de que se tomara algún curso en esas materias”.
