Los defensores del Pueblo de Panamá Eduardo Leblanc González y de Colombia Carlos Camargo Assis, se comprometieron a trabajar de manera articulada por identificar los riesgos a los que se enfrentan los migrantes que transitan por la frontera de ambos países, por lo mismo se emitirán alertas tempranas binacionales.
Por medio de una carta de entendimiento, los defensores se comprometieron a fortalecer la cooperación interinstitucional que incluye la identificación de las violaciones de derechos humanos que se presentan y los peligros a los que se someten los hombres, mujeres y niños que transitan por este corredor.
“La alerta temprana es un instrumento que permite en Colombia motivar acciones inmediatas para contrarrestar posibles casos de vulneración de los derechos humanos o riesgos a la vida y bienestar de las comunidades. Este acuerdo binacional es una herramienta clave para generar alertas y proteger a las poblaciones más vulnerables en la frontera común, de manera particular de los migrantes”, aseguró Camargo Assis.
Entre tanto, el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc González, señaló que la planificación de estrategias institucionales en materia de derechos humanos y DIH, permitirá proteger los derechos de los migrantes que se encuentran sometidos a las redes de trata de personas debido a su naturaleza clandestina.
“Las niñas, niños y adolescentes y sus familias se ven expuestos a la trata de personas y la explotación sexual comercial. Los migrantes pueden ser instrumentalizados por los grupos armados ilegales para el tráfico de estupefacientes como condición para permitir el paso por el Tapón del Darién”, agregó Camargo Assis.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el año pasado cerca de 19.000 menores pasaron la frontera, la mitad de ellos eran menores de cinco años.
«Al acuerdo se suman otros objetivos como el intercambio de experiencias en materia de innovación tecnológica y metodológica, además fortalece la prevención, promoción y garantía de los derechos humanos con enfoque de género y finalmente, identifica las problemáticas comunes y medidas de solución para la atención de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad», agregó Camargo Assis.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo está trabajando articuladamente con Guatemala y Ecuador.
