La Colombia rota en pedazos que dejó más de medio siglo de conflicto armado fue recuperada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que a lo largo de más de tres años juntó esos fragmentos para elaborar el doloroso informe que presentará este martes al país.
Este organismo hace parte del Sistema Integral para la Paz, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y comenzó su ardua tarea el 29 de noviembre de 2018 con el objetivo de entregar un informe sobre el conflicto tres años después, el 28 de noviembre del año pasado.
Sin embargo, en octubre pasado la Corte Constitucional prolongó por siete meses el mandato de la Comisión de la Verdad como lo habían demandado víctimas del conflicto que advirtieron sobre las limitaciones que impuso la pandemia de la covid-19 y la emergencia sanitaria ordenada por el Gobierno para enfrentarla.
El informe
En el acto de noviembre de 2018 con el que comenzaron las actividades de la Comisión, su presidente, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresó: «Aquí, nos iguala, compromete y honra, el compromiso de responder (…) con el clamor de millones de colombianos que, en el territorio y el exilio, piden la verdad de lo que les pasó en el conflicto, de lo que nos pasó como sociedad».
Ese día recordó que el informe que presentarán tiene el mandato de esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos en particular masivos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como de establecer responsabilidades colectivas del Estado, sus Gobiernos y poderes públicos; las instituciones y organizaciones, y los actores armados que tomaron parte en el conflicto.
El médico español Carlos Beristain, uno de los comisionados de la verdad, aseguró en una entrevista que el informe que será presentado tiene dos partes.
La primera es el proceso que ha hecho la Comisión durante su mandato: «Llevamos tres años y medio prácticamente en un ejercicio de escucha en muchas partes del país, también en esa Colombia fuera de Colombia, pues en 24 países hemos estado tomando testimonio».
«Ese informe va a contar cuál ha sido ese proceso que hemos aprendido también en el camino sobre esta reconstrucción de la verdad. La Comisión ha hecho más de 500 iniciativas de diálogo social por todo el país, por el mundo, hemos hecho actos de reconocimiento de responsabilidad también diferentes tanto de exmiembros de las FARC como de miembros del Ejército y paramilitares», señaló.
La segunda cara es el trabajo de investigación, reflejado en los 10 tomos que serán presentados el martes al país y a la comunidad internacional.
«Tiene una parte histórica, tiene una parte que se centra en las violaciones de derechos humanos -tenemos que dar cuenta de los 13 puntos del mandato de la Comisión-. Hay otro aparte que cuenta los impactos que todo eso ha dejado en la sociedad, en las víctimas, qué consecuencias ha traído la guerra, qué fracturas también sociales y políticas se han dado en el país«, detalló.
Igualmente señaló que el informe recoge problemáticas específicas de los grupos étnicos, de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, así como de la niñez y los exiliados.
«El informe de la Comisión, en un país en el que se ha escrito tanto y se ha investigado tanto, trata de dar cuenta de ese ejercicio de escucha y trata de recoger esa diversidad de experiencias, esos trocitos de verdad que habitan en tantas historias que la Comisión ha escuchado y trata de hacer una visión incluyente», valoró.
Los comisionados
El acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC dice que para cumplir su labor, este organismo está conformado por 11 comisionados: De Roux, Beristain, Lucía González, Alejandra Miller, Ángela Salazar, Patricia Tobón, Marta Ruiz, Alejandro Valencia, Saúl Franco, Alfredo Molano y Carlos Guillermo Ospina.
Sin embargo, la comisionada Salazar, quien se destacó por ser defensora de los derechos de las mujeres, de los trabajadores bananeros y de las empleadas del hogar, falleció por covid-19 el 7 de agosto de 2020.
En su reemplazo fue nombrado Leyner Palacios, uno de los líderes sociales más reconocidos de Colombia y quien representa a víctimas del municipio de Bojayá (oeste), que sufrió una de las más cruentas masacres del conflicto armado el 2 de mayo de 2022 en la que murieron al menos 86 personas en un ataque de las FARC.
El comisionado Molano, uno de los principales investigadores de la violencia y el conflicto armado en el campo, también falleció el 31 de octubre de 2019 de un paro cardiaco a consecuencia del cáncer.
En su reemplazó nombraron en abril de 2020 a Alejandro Castillejo Cuéllar, un académico de la Universidad Nacional que es especialista en desarrollo y paz.
No obstante, la Comisión de la Verdad no terminó su mandato con todos sus integrantes porque el mayor retirado del Ejército Carlos Guillermo Ospina renunció el mes pasado al considerar que estaba siendo víctima de «estigmatización» por la visión que tiene del conflicto armado.
«Ya no hay espacio para mí porque en la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, una estigmatización, sobre mi persona», expresó Ospina en una entrevista con Noticias RCN tras presentar su renuncia a De Roux.
Las afirmaciones del mayor retirado recogen algunas críticas que ha recibido la Comisión de la Verdad por parte de sectores que consideran que no han sido escuchados por este organismo.
Pese a ello, miles de personas, tanto víctimas como victimarios y terceros, acudieron a la Comisión con la esperanza de que sus aportes fueran de utilidad para la publicación de un informe que recoge los pedazos de una Colombia rota que se quiere ver en el espejo para no repetir la violencia del pasado.
