José Antonio Ocampo, quien fue anunciado como ministro de Hacienda en el Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que no habrá más días sin IVA o por lo menos así será durante el mandato entrante. De acuerdo con Ocampo, la medida implementada por el Gobierno de Duque, a través de la Ley 2155 de 2021 «no ha sido una buena política».
En la Ley de Inversión Social quedó establecido que los periodos de la exención en el impuesto sobre las ventas (IVA) podrán ser hasta de tres días al año, lo cual da la facultad a los mandatarios de decretar cero días, como lo propone Ocampo.
No obstante, comerciantes han rechazado esta decisión al considerar que estas fechas son fundamentales para reactivar el comercio, tan golpeado por la pandemia. Por ejemplo, en el pasado Día sin IVA, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reportó ventas por entre $9 y $10 billones.
Asimismo, varios políticos de corte uribista rechazaron el anuncio del Gobierno entrante. “El gobierno Petro viene como una aplanadora que acabará con todo. Quitarán el día sin IVA ¡Egoístas!», dijo el siempre polémico Miguel Polo Polo.
Este miércoles, el Centro Democrático, dio a conocer un proyecto de ley con el cual busca hacerle frente a la intención del Gobierno Petro de eliminar los Día sin IVA.
Explicaron que mediante el acto legislativo, buscan que se institucionalice el Día sin IVA cómo política de Estado para el estímulo a la economía colombiana.
«Con este proyecto se busca que los tres (3) días sin IVA, que han dinamizado el comercio y ahorrado dinero a los colombianos, sean permanentes todos los años sin importar el gobierno de turno», dice el proyecto.
Asimismo, la bancada del Centro Democrático presentó otro proyecto de ley, por medio del cual buscan establecer que el programa de Ingreso Solidario sea considerado como política de Estado a través del programa de transferencias monetarias no condicionadas.
«Con este proyecto se busca establecer el programa Ingreso Solidario como política de Estado, lo que quiere decir que sin importar el Gobierno de turno este programa seguirá operando. Adicionalmente, establece un plan de ahorro en los gastos de funcionamiento del Estado que debe ser de mínimo $2 billones de pesos que serán usados para fortalecer los programas sociales y superar la pobreza», dice el documento.