El Gobierno español aprobó este martes una reforma de la Ley del Aborto, cuyo objetivo es blindar la interrupción del embarazo en la sanidad pública.
También regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la Seguridad Social.
Además, con la nueva norma, las jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento de sus padres para interrumpir su embarazo de forma voluntaria.
Esto ya estaba recogido en la ley desde 2010, pero 5 años después el gobierno conservador de Mariano Rajoy (PP) impuso como requisito para permitir el aborto en ese rango de edad el citado consentimiento.
En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que presentó el proyecto, resaltó que el derecho a decidir sobre su propio cuerpo forma parte de un derecho fundamental, de la salud.
Con la nueva ley, la sanidad pública será «la red de referencia» para abortar, y se crea un registro de objetores de conciencia como en la ley de eutanasia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada.
En la actualidad, la inmensa mayoría de abortos en España, más del 84 %, según el Ministerio de Sanidad, se practican en centros privados que tienen acuerdos con la Seguridad Social.
Además, la norma hace hincapié en que los centros donde puedan abortar las mujeres estén lo más cercano posible a su domicilio y elimina los tres días de reflexión que existen ahora.
Contempla también la atención durante el posparto y que haya acompañamiento integral y especializado en los procesos de interrupción del embarazo.
La reforma incluye el derecho a la incapacidad laboral temporal por reglas dolorosas, cuyo coste será asumido desde el primer día por la Seguridad Social, no se exigirá un mínimo cotizado y durará el tiempo que necesite la mujer, una de las medidas que más debate ha suscitado.
Además, para acabar con la pobreza menstrual se repartirán gratuitamente productos de higiene femenina como tampones y compresas en institutos, prisiones, centros de la mujer y otros organismos públicos.
Ahora, el nuevo texto aprobado por el Ejecutivo debe pasar por el Parlamento para su debate y aprobación definitiva en los próximos meses.
