En el Congreso fue radicado un proyecto de ley que pretende crear una nueva regulación sobre los servicios públicos domiciliarios en Colombia y de esta manera mejorar la prestación del servicio.
La iniciativa del Partido Conservador, propone que el internet, que actualmente es un servicio público esencial, ahora se convierta en un servicio público domiciliario como el agua, la energía y el gas, lo cual garantizaría que todos los colombianos puedan tener acceso al mismo.
El representante Alfredo Ape Cuello, autor de la propuesta, explicó que esto permitiría que haya una nueva regulación frente al uso de internet y los ciudadanos puedan exigir una mejor calidad en el acceso al mismo.
“Hoy los servicios son uno de los factores que más rabia generan en la población, hemos abarcado temas importantes y el primero de ellos es que el alumbrado público y el internet fijos deben ser catalogados como servicios públicos domiciliarios, para que entren a ser cobijados por la Ley 142, para que entren a ser vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos y para que el Estado entre a garantizar su servicio en toda la población colombiana”, sostuvo.
El congresista explicó que si el internet se convierte en un servicio público domiciliario, serían muchos los beneficios que le traería al país, ya que el Gobierno estaría obligado a llevar conectividad a todos los municipios y corregimientos, sin excepción.
“El Estado tiene que garantizar que no haya ni un barrio, ni un corregimiento en Colombia que no tenga internet, es una obligación del Estado prestarlo, a las empresas que prestan el servicio de internet que a través de la ley 142 hacer nuestras quejas y reclamos a la Superintendencia como la prestación de un servicio público porque hoy quien las vigila es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene una regulación distinta, lo que quiere decir que se fijará en la atención del usuario”, indicó.
Adicionalmente, el proyecto de ley propone que las facturas de todos los servicios públicos puedan llegar por separado, ya que eso permitiría que los ciudadanos puedan priorizar el pago de los mismos, de acuerdo a sus necesidades económicas.
“También intentamos que no se mezclen energía y alumbrado público con aseo y agua, que se separen las facturas y que el usuario pueda tomar la decisión de pagar la energía sola, el alumbrado por aparte. Cuando a los colombianos pobres no les alcanza pagar todas las facturas juntas, pues le cortan los servicios al mismo tiempo y creo que el usuario, cuando no tiene los recursos para todo, puede escoger cuales de los servicios cancelar”, añadió.
La iniciativa plantea cambios en el debido proceso a la hora de suspender los servicios públicos por el no pago de los mismos, además de que fortalece los comités de los usuarios para que puedan sostenerse económicamente.