La falta de recursos de los investigadores y de un diálogo real entre los países para tratar los delitos trasnacionales medioambientales están provocando que no se aborden de la manera adecuada, afirmó en una entrevista a EFE la directora de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Ghada Fathy Waly, en un momento en el que se están saliendo fuera de control.
«Estamos llamando para que haya un verdadero diálogo entre los países para permitir que se tomen acciones contra los crímenes medioambientales»; aseguró la experta egipcia en el marco de la cumbre del clima COP27.
Los delitos que tienen repercusiones en el medio ambiente han pasado a estar entre las actividades delictivas transnacionales más lucrativas y suelen estar estrechamente relacionadas con diferentes formas de delitos y corrupción, según la ONU.
De acuerdo a Interpol, en la última década, los delitos ambientales han aumentado en más del 5% cada año, lo que muestra la manera «dramática» cómo crecen este tipo de crímenes, concretamente el comercio ilegal de vida silvestre, madera, pescado, desechos y minerales.
Falta de recursos y de experiencia
La dificultad a la hora de perseguir estos crímenes medioambientales radica en que «un país sí lo considera crimen en su legislación, mientras que otro no»; por lo que hace prácticamente imposible perseguirlos y acabar con ellos, según Waly.
A esto se suma, según la directora de esta agencia de la ONU, «la falta de recursos y de experiencia que hagan entender a los investigadores cómo llevar esos crímenes al tribunal».
Waly señaló que este campo, al ser un «área emergente», está siendo «muy difícil» tratarlo a nivel internacional, donde «no existen las herramientas suficientes».
Por eso mismo, la experta egipcia ha acudido a la cumbre climática para «crear conciencia y mostrar las señales de alarma» con el objetivo de hacer llegar a todo el mundo que los crímenes medioambientales están ahí, que están creciendo y que hay que combatirlos.
Waly citó algunos de ellos, como por ejemplo los grupos organizados y empresas de reciclaje están moviendo millones de toneladas de plástico desechado desde Europa al sudeste asiático, así como el tráfico de anguilas, una de las formas más impactantes de tráfico de vida silvestre en todo el mundo.
Diferentes organizaciones y expertos están exigiendo que se incluya el «ecocidio» como quinto crimen en el marco del Estatuto de Roma y por el que sería competente la Corte Penal Internacional.
Pero, al respecto, Waly no se quiso pronunciar afirmando que «no está en posición» para aconsejar ya que como agencia de la ONU se dedica a crear conciencia sobre este asunto, así como a aportar datos e investigaciones.
Crímenes medioambientales financian el terrorismo
Una de las situaciones que pueden ser más desconocidas es cómo estos crímenes medioambientales pueden llegar a financiar a grupos terroristas, como es el caso de la organización extremista Estado Islámico (EI) o Boko Haram.
«Cuando hay crímenes organizados en cualquier país, esto puede crear algún enlace, alguna colaboración entre grupos de diferentes sectores y por tanto, puede beneficiar a organizaciones, en los que tienes a los grupos terroristas», señaló escuetamente Waly.
Según la Agencia Europea de Policía (Europol), hay indicios de que las ganancias de estas actividades ilegales medioambientales también se utilizan para financiar el terrorismo.
En el caso del crimen ambiental organizado, no es raro que las bandas tradicionales, como la mafia, utilicen los mismos «modus operandi» y las mismas rutas que utilizan para sus otras actividades, según la agencia.
De hecho, estiman que el valor anual de los delitos ambientales transnacionales asciende a entre 70.000 y 213.000 millones de dólares.
