Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Aunque fue condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. Será un fallo en primera instancia que abre un largo derrotero de apelaciones antes de quedar firme, por lo que le permitiría presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023.
«La condena tiene un fuerte impacto político», declaró el analista Rosendo Fraga, pero «la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente».
Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria de 69 años sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.
Kirchner estaba acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos.
Kirchner dijo que más allá de una sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.
Los fiscales del caso pidieron también cárcel para el resto de imputados, mientras que las defensas solicitan la absolución por inexistencia de delito.
Se espera que haya movilización de sus seguidores, como las que se originaron en agosto pasado, a raíz de la petición de condena de 12 años por parte del fiscal, en esta ocasión por su veredicto final.
