Cortesía de Mayte Misas
Luego de conocerse el decreto con el cual el Gobierno busca crear las condiciones para que un número importante de jóvenes que fueron detenidos durante las protestas sociales sean gestores de paz, asociaciones de militares en retiro mostraron su desacuerdo con esta decisión del Gobierno.
En primer lugar, el coronel Carlos Martínez, oficial en retiro de la Fuerza Pública, indicó que “las acciones de la primera línea van en contra de todo el orden jurídico y toda las normas legales que deben regir a nuestra sociedad en Colombia precisamente porque estos jóvenes fueron violentos contra el pueblo, coartaron la libre movilidad, dañaron la propiedad privada y pública precisamente en la que pagan los colombianos”.
“Fuera de eso fueron violentos contra los servidores públicos, especialmente la Policía, generaron un caos, pánico, terror, muerte, violencia y si esos elementos jurídicos no son suficientes para hacer que la justicia prevalezca entonces comprendo ahora por qué un Presidente se toma una libertad que no tiene, para hoy tomar una decisión de llamar gestores de paz a los violentos, es una prueba más de que en Colombia, el delito sí paga”.
Así mismo, el vicepresidente del cuerpo de generales en retiro de la Fuerza pública, general Guillermo León sostuvo que “es evidente el amañamiento y la interpretación del artículo quinto de la ley 2272 diferente al espíritu de la misma donde tratan de pasar por voceros a individuos que no lo son y no tienen ninguna capacidad para dirigir como tal”.
“No se tienen en cuenta las advertencias de la Fiscalía, Procuraduría y algunos expertos que manifiestan la inconveniencia de esta decisión”, manifestó.
Por su parte el sargento Luis Orlando Lenis, presidente de la fundación Dignidad por los Héroes, expresó que “hoy está demostrándole al mundo que a él poco le interesa la democracia, sólo le interesa lo que los delincuentes de la primera línea, los guerrilleros del ELN y los narcotraficantes, le exijan”.
Es de mencionar que tras ser firmado este decreto, los ministros de Interior, Justicia y Defensa podrán recomendar al Presidente los perfiles de las personas que serán liberadas de la ‘primera línea’ para que ejerzan como “voceros” en negociaciones con grupos armados y organizaciones criminales.
