En el desarrollo de la audiencia de verificación de preacuerdo para Juan José Laverde Martínez, reconocido corredor de seguros y quien hizo convenios de pólizas con la Unión Temporal Centros Poblados, la jueza 40 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá afirmó que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, no es una víctima en este proceso.
Cabe recordar que en el mes de octubre, un juez había tomado la decisión de que, por afectación al buen nombre y honorabilidad, la exministra sí era víctima en el proceso.
Si embargo, con base en las investigaciones y presentación de pruebas, esa decisión quedó revocada en el desarrollo del proceso jurídico.
“Se deben buscar otros procesos penales y administrativos en donde se acredite el verdadero daño relacionado con los procesados, porque su representación legal no pudo justificar que las acciones del señor Laverde que estas hayan causaron un daño real y concreto a ella”, aseguró la juez en su argumentación.
Además, en la audiencia la juez determinó que, sí se reconoce como víctima al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a la Aseguradora BBVA, al Banco Itaú y al Fondo Nacional de Garantías; pero dejó en firme el no reconocimiento como víctima a la exministra Karen Abudinen, su defensa anunció que apelará esta decisión.
Esta es la segunda ocasión en la que el órgano judicial niega el reconocimiento a Karen Abudinen como víctima, la primera vez fue en el mes de octubre.
A raíz de lo anunciado por la juez, la exministra manifestó que, “en medio de esa audiencia en octubre, me tocó renunciar al cargo por ese escándalo, a pesar de haber sido engañada y actualmente no tengo oportunidades laborales, ya que por este caso se dañó mi buen nombre”, resaltó Abudinen.
Cabe mencionar que la jueza 40 penal, encargada del proceso, estaba a punto de habilitar la negociación de Laverde con la Fiscalía, sin embargo, al proceso se sumaron seis abogados de entidades del Estado y de privados a pedir ser reconocidos como víctimas.
El proceso deberá pasar al Tribunal de Bogotá.
