La Misión de Observación Electoral, presentó un balance de la conformación del Congreso de la República y de los 78 proyectos normativos relacionados con los temas político electorales y de transparencia, y lucha contra la corrupción, luego de la finalización del primer periodo de legislatura.
La MOE aporta datos de interés como el de la presentación de 52 iniciativas, de las cuales, solo 17 han tenido algún tipo de avance en su discusión, entre ellas se destaca la reforma política presentada por el Gobierno, las iniciativas relacionadas con la adopción de medidas para combatir la violencia contra la mujer en política y el Código Electoral, cuya discusión fue aplazada hasta marzo de 2023 dadas las preocupaciones expresadas por diferentes sectores políticos, de la academia y de la sociedad civil.
Lo más preocupante de este balance, es que evidencia el poco interés que generaron en el Congreso los proyectos de lucha contra la corrupción y la transparencia; en diálogo con RCN Radio, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo que se presentaron un total de 26 iniciativas, de las cuales sólo una fue aprobada y otras 16 no han iniciado ni siquiera el primer debate.
“La única iniciativa que logró ser aprobada fue una de origen ejecutivo, es decir, presentada por el gobierno que le otorga facultades extraordinarias al presidente para modificar la planta de personal de la Contraloría General de la República, de resto ninguna otra logró convertirse en realidad”, puntualizó la directiva.
Iniciativas ignoradas
La directora de la MOE mencionó algunos proyectos que pasaron de largo en el legislativo como la “disminución de salarios de senadores y representantes a la cámara, y la reducción del tiempo de vacaciones para que el ingreso no sea en febrero, sino en marzo; ambos iniciaron su discusión y hay que esperar a ver si son aprobados”.
Otras propuestas que generaron poco interés fueron las relacionadas con la revisión de las modalidades de contratación a fin de evitar el uso de regímenes excepcionales que no solo debilitan el control y vigilancia de la contratación pública, sino que además afectan la libre competencia; la modificación de las funciones de la Procuraduría para cumplir con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la regulación de la actividad de cabildeo; la regulación de la participación en política de servidores públicos y, la creación de un marco legal para la protección del denunciante por hechos de corrupción. Todos estos proyectos deben “ser priorizados en el siguiente periodo de legislatura”.
Así mismo, este organismo hizo un llamado para que se les preste atención a las iniciativas relacionadas con la reglamentación de las coaliciones entre las organizaciones políticas, así como todo lo concerniente a su escisión o fusión, a la luz de lo que se defina en la reforma política y el Código Electoral.
