Foto de la Universidad de Los Andes
El actual ministro de Educación y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, entregó al presidente de la República, Gustavo Petro, un documento en el que expone las «principales preocupaciones» que tiene con la reforma a la salud, texto que conoció el pasado fin de semana en un consejo de ministros.
Según indica el documento, Gaviria afirmó que no es claro el análisis que se realizó sobre los puntos que funcionan y no en este ámbito. Asimismo, sostuvo que eliminar las EPS no se puede considerar como la solución a los inconvenientes que existen en el sistema.
«El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales», afirmó el ministro.
En ese mismo sentido, destacó que el documento busca destruir las EPS, en lugar de adaptarlas en torno a una estrategia de atención que beneficie al usuario, dejando los recursos en manos de la Adres.
«Las brechas en resultados en salud entre regiones y entre zonas rurales y urbanas son reales y preocupantes. Deben corregirse. Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña», sostiene.
Asimismo, afirma que las numerosas tareas que cumplen las EPS no podrán llegar a ser cobijadas, por parte de la Adres. Entre los que se encuentra el traslado de pacientes, la entrega de miles de balas de oxigeno, la entrega de medicamentos y los cientos de empleados que tienen estas compañías.
«Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas», indicó el hoy ministro de Educación.
En ese mismo sentido, indica que en el esquema propuesto no se define el control de gasto y del recaudo. «El impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial», lo que podría incluso poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de Colombia, apunta.
Este es el documento completo:
