A través de un comunicado de prensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, rechazó que abogados estén acercándose a las cárceles del país, ofreciendo ayudas en nombre de la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total.
«Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición», señala la oficina en su comunicado.
La entidad señala que hace pocos días conoció el caso de una persona privada de la libertad, quien le pagó una alta suma de dinero a un abogado, a cambio de tramitar su traslado de centro carcelario. Traslado que no se realizó y que generó malestar contra el Gobierno Nacional, ya que estas personas llegan en nombre de la Ley de Paz Total señaló la oficina del Comisionado de Paz.
«Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación», comenta la entidad.
Desde la Oficina del Alto Comisionado, Danilo Rueda, interpusieron las denuncias penales correspondientes, solicitándole a las autoridades iniciar las investigaciones para dar con el paradero de estos abogados.
«Estas prácticas corruptas son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho», sentenció la Oficina del Alto Comisionado.
«Reiteramos que en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición. La impunidad no está a la venta», agrega.
La Oficina aclara que cualquier acercamiento con personas privadas de la libertad o estructuras armadas, se regirá bajo la Constitución y la Ley, respetando los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
«La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional. Los equipos de trabajo de la OACP están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida», finalizó el comunicado.
