En el Congreso persisten las dudas sobre el trámite de la reforma a la salud que fue radicada por el Gobierno Nacional y que se presentó como ley ordinaria para que sea discutida por las Comisiones Séptimas de Senado y Cámara.
Varios legisladores consideran que la iniciativa toca aspectos trascendentales del derecho fundamental a la salud, razón por la cual debería ser tramitada como ley estatutaria, lo que quiere decir que no puede discutirse en sesiones extraordinarias, debe aprobarse con mayorías absolutas y solo puede votarse entre marzo y junio.
Ante esto, más de 20 parlamentarios firmaron una carta que le enviaron a los presidentes de Senado, Roy Barreras y de la Cámara de Representantes, David Racero, para que corrijan este posible vicio en el proyecto.
“Consideramos que, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política, las disposiciones contenidas en el proyecto de ley regulan de manera integral el contenido y alcance del derecho fundamental a la salud y, por lo tanto, requieren ser sometidas a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias”, indican.
“Como consecuencia de ello, el trámite del proyecto debe hacerse en sesiones ordinarias, la votación para esos preceptos es calificada y, dada su jerarquía, se exige una revisión previa de constitucionalidad en cabeza de la Corte”, añaden en la misiva.
Aseguran que el contenido del proyecto radicado por la ministra Carolina Corcho, contiene aspectos sustanciales relacionados con el derecho a la salud, los servicios para los pacientes y la disponibilidad presupuestal para la prestación de los mismos.
“Al ser este un proyecto que “transforma” de manera estructural el sistema, se afecta el contenido esencial del derecho a la salud y por ende debe tramitarse como una ley estatutaria, más aún si se observa que en algunos de sus artículos se busca modificar el derecho definido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 reforma que, en ninguna circunstancia podrá ser realizada mediante el trámite de una ley ordinaria”, argumentan.
Los congresistas advierten que la reforma radicada por el Gobierno afecta el contenido de principios desarrollados por la ley estatutaria 1751, como la libre elección, equidad, continuidad y disponibilidad, relacionados directamente con la prestación del servicio de salud como un derecho fundamental.
