Antes de finalizar este año, el Gobierno tendrá que presentar el Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas, se trata de un test que evalúa diferentes aspectos de los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos, entre los que se incluyen: los acuerdos de paz, inclusión social, medidas contra la violencia de género, entre otros temas.
Ad portas de esta evaluación que presentan los 193 países miembros de la ONU, varias plataformas, redes y oenegés emitieron un informe alterno en el que se indica que hay muchos incumplimientos a las recomendaciones que hizo Naciones Unidas a Colombia en el tercer periodo de examen que se llevó a cabo en 2018.
Entre los principales cuestionamientos que se mencionan está el de la implementación de los Acuerdos de Paz ya que: “Hubo retrasos y actos de corrupción en la implementación de todos los puntos, además frente a las garantías de seguridad hubo graves fallas ya que han sido asesinados 361 firmantes del acuerdo hasta el 9/12/2022”, reseña el documento.
Adicionalmente, cita el texto que: “El gobierno del expresidente Iván Duque hizo un mal uso de los dineros destinados para la implementación del Acuerdo de Paz. En 2020 se evidenció la falta de participación y transparencia en la asignación y ejecución de recursos de cooperación internacional para la paz”.
También se menciona que los pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas siguen siendo víctimas en 2023 de vejámenes de la guerra en diferentes zonas del país, tal como lo ha reseñado recientemente la Jurisdicción Especial de Paz en sus diferentes macrocasos sobre el conflicto armado.
En lo referente a la protección de líderes sociales, entre enero de 2018 y mayo de 2023 han sido asesinadas 1.264 personas que se dedicaban a estas labores humanitarias, así como 329 firmantes de paz.
Incluso, el panorama de la violencia política es otro de los puntos que resalta en el texto de las 588 plataformas que adelantaron el análisis.
“Desde el 2017 y al primer semestre de 2022 se registraron 3.376 casos de muertes por violencia sociopolítica. También se ha documentado la continuidad de casos asociados a tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes, que en por lo menos el 58% de los casos obedecen al accionar del Estado”, reseña el informe.
En cuanto a la comunidad LGTBIQ+, más del 80% de las medidas que fueron aconsejadas por Naciones Unidas no fueron tenidas en cuenta ya que hay una participación limitada para acceder a la justicia transicional y se aprecia un sesgo en la participación de la oferta institucional para estas personas.
También se hicieron críticas a los derechos a la alimentación, el mal manejo de la pandemia del coronavirus por falta de información y la vulneración de los derechos ambientales en varias zonas del país.
Finalmente, el compilado investigativo concluye que: “A pesar de los anuncios y cambios de postura del Gobierno que empezó en agosto de 2022, Colombia sigue teniendo una gran deuda en materia de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el EPU. En particular, en materia de paz hubo incluso retrocesos en lugar de avances. Se espera que el cambio de Gobierno genere cambios concretos en este ámbito, pero hay temor por la capacidad institucional y el manejo transparente de los recursos”.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Fabián Trujillo Beltrán
