La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) emitió un informe de precandidaturas a las elecciones regionales que se realizarán el próximo 29 de octubre, en el cual alerta que de 294 personas que han mostrado su intención de aspirar a alcaldías y gobernaciones, por lo menos 88 están cuestionadas por investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, con nexos con grupos armados al margen de la ley o son líderes y herederos de clanes políticos.
En la lista a gobernaciones aparecen políticos de tradición como Dilian Francisca Toro, actualmente directora del Partido de la U, investigada por presunto lavado de activos y Nevio de Jesús Echeverry llamado “el patrón del Guaviare”, acusado de tener vínculos con estructuras paramilitares.
Además, Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y aspirante a la Gobernación de Santander, investigado por la celebración de un contrato para el manejo de las basuras en Bucaramanga y por el caso Vitalogic; y William Villamizar, dos veces gobernador de Norte de Santander, cuestionado por supuestos hechos de corrupción en la contratación pública de ese departamento.
En al caso de las alcaldías, se reseñan nombres cómo el de Samuel Santander Lopesierra ‘El Hombre Marlboro’, extraditado a EE.UU., donde pagó 18 años de prisión por narcotráfico y quien hoy aspira a la Alcaldía de Maicao (La Guajira); Alejandro Char, involucrado en un caso de presunta corrupción electoral revelado por Aída Merlano y Federico Gutiérrez, cuyo secretario de gobierno cuando fue alcalde de Medellín fue capturado por al parecer, tener nexos con la oficina de Envigado.
Así mismo, se menciona a Cielo Redondo, exalcaldesa del municipio de Uribia (La Guajira), quien estuvo en prisión por presuntas irregularidades en varios contratos y que actualmente es investigada por supuestos nexos con estructuras criminales; y a Roberto Jiménez Naranjo, hermano de alias ‘Macaco’, quien busca lanzarse a la Alcaldía de Dosquebradas.
“Nuestra intención es advertir a los partidos políticos principalmente que en el otorgamiento de sus avales tienen que tener una responsabilidad política sobre las personas a las que están candidatizando porque ello se convierte en un riesgo para la democracia si son capturados, están vinculados con el hecho de corrupción o no terminan sus periodos. Además, es una advertencia a la ciudadanía para identificar quienes son estos personajes que tienen cuestionamientos”, explicó Esteban Salazar, coordinador de democracia y gobernabilidad de la fundación Pares.
Las regiones donde más se presentan las alertas de candidatos cuestionados a las gobernaciones son, Magdalena con cinco casos, Antioquia, Caquetá y Bolívar con cuatro.
Mientras tanto, para las alcaldías los casos se concentran en Sincelejo con cinco precandidatos, Ibagué con cuatro políticos cuestionados y Medellín con tres.