Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mayor retirado del Gaula del Ejército, Gustavo Soto Bracamonte, aceptó su responsabilidad en las más de 80 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, que se habrían registrado cuando él era comandante de esta dependencia militar que operaba en Casanare.
Según reveló Blu Radio, el exalto oficial envió un documento ante el tribunal transicional en el que se amplió su versión de reconocimiento de la verdad con respecto los casos en los que está involucrado, luego de que compareciera en audiencia pública para responder por los señalamientos en su contra.
Soto Bracamonte, en respuesta a la pregunta de una de las víctimas de estos hechos, sobre los motivos que llevaron a miembros de la institución castrense, fue por instrucción del entonces comandante del Ejército, general (r) Mario Montoya Uribe, que se adelantaron dichas ejecuciones extrajudiciales.
Aunque en su declaración también mencionó a otros altos mandos, como el excomandante de la IV División del Ejército, brigadier general Guillermo Quiñonez, y también el comandante de la XVI Brigada, coronel Henry Torres Escalante.
“Por las presiones que existían en presentar muertos en combate, presiones que venían desde el comandante del Ejército, el comandante de la IV División y también el comandante de la XVI Brigada, y también por dejarme creer de las manifestaciones del reclutador Eduar Francisco Rosas Burgos, las cuales después pude corroborar que fueron totalmente falsas y que esta persona los entregó al Gaula muy seguramente para ser beneficiado con una muy poca suma de dinero”, se leyó en el documento de acuerdo al referido medio.
Según su relato, eran sus superiores los que manifestaban las versiones acerca de que los ultimados en estos casos eran supuestos colaboradores de grupos al margen de la ley, información que no correspondió a la realidad de estos jóvenes. Y señaló presiones en su contra para entregar resultados operacionales en el ejercicio de sus labores.
Reseñó Blu Radio que uno de los casos que daría cuenta del impacto de este tipo de actuaciones quedó registrado en un bingo de Yopal, cuando le informaron que en el establecimiento estaba una persona relacionada con delitos de narcotráfico, y solo atendió a ejecutar una operación, como otras más, que derivó en un homicidio.
Escabroso relato
A su vez, contó cómo en un bar que se encontraba cerca a las instalaciones del Gaula Militar Casanare, estaban dos sujetos que hacían parte del ELN; información por la que le pidieron dinero. Luego dijo que una de esas personas fue asesinada a las afueras de Yopal, por hombres que hacían parte del Ejército, mientras que la otra logró escapar.
Del mismo modo, el exuniformado negó las declaraciones del cabo primero Gelver Pérez García, en las que indicó que Soto Bracamonte era quien lo había llevado a la dependencia del Gaula. Según el mayor (r), el único que podía hacer esos traslados era el general (r) Torres Escalante, de la XVI Brigada, que fue el que lo incorporó, por su “experiencia para matar”.
“No sé por qué Gelver no dice la verdad de cómo llegó al Gaula, no tiene razón alguna que yo me vaya a llevar a mi unidad a un suboficial sin conocerlo y aún más que pertenecía a otro Batallón. Todos los oficiales cuando salían de la unidad a cumplir una misión táctica iban dispuestos a presentar o a dar muerte a todas las personas, y mucho más Gelver Pérez, que ya era una persona con experiencia para matar, ya que por esa razón fue que lo agregaron al Gaula”, manifestó.
Por estas conductas, el mayor Soto Bracamonte paga una condena de 32 años y seis meses de cárcel, por crímenes que ocurrieron entre 2005 y 2008. Sobre el particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a Montoya, comandante del Ejército, por lo que sería su responsabilidad en más de 100 casos de falsos positivos durante su paso por la IV Brigada.
Información tomada de: Mario Alejandro Rodríguez – INFOBAE
