Ante la Procuraduría General de la Nación el representante de los trabajadores de la extinta EPS Saludcoop, Héctor Alirio Tolosa, pidió que se investigue disciplinariamente al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por las presuntas irregularidades que ha cometido dentro del proceso de intervención y liquidación de la entidad.
De acuerdo con el líder sindical, es necesario que la Procuraduría no solo dé trámite a las múltiples quejas que existen contra el SuperSalud y el entonces interventor Guillermo Groso en este proceso, sino que acelere las investigaciones para que tanto a trabajadores como usuarios no se les siga vulnerando el derecho fundamental a la salud.
Dentro de los documentos aportados tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría se advertirían varias inconsistencias dentro del proceso de intervención y una presunta desviación de 1.2 billones de pesos tras estados financieros de Saludcoop que fueron presuntamente alterados.
“Le hemos pedido a la Procuraduría que le abra una investigación al superintendente, Norman Julio Muñoz, por su presunta omisión a sus funciones frente a este tipo de irregularidades en el proceso de intervención en cabeza de Guillermo Grosso, Jaime Poveda y Juan Carlos Uribe”, señaló el vicepresidente de organización sindical de Saludcoop.
De igual forma fue solicitado a la Procuraduría investigar las presuntas inconsistencias que se registraron con el traspaso de los más de 5 millones 600 mil afiliados a Cafesalud sin tener en cuenta que la resolución de la Superintendencia de Salud advertía solo de un poco más de 1 millón 800 mil de usuarios.
Frente a este tema desde el Congreso de la República fueron desarrollados dos debates de control político en donde asistieron tanto el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, como el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, para que tomen acciones frente a las múltiples quejas que han sido presentadas por los usuarios y trabajadores durante el proceso de intervención.
“Yo creo que no le cabe una queja más por parte de los usuarios, lo que hemos querido demostrar es que es necesario establecer otro tipo de control o un fortalecimiento de la Superintendencia de Salud porque no se puede seguir como se viene, porque año tras año el deterioro y la demora calculada es catastrófica para los colombianos que están en el sistema de salud”, señaló el representante a la Cámara, Rafael Palau.
Sobre esta situación la Corte Constitucional ha emitido una serie de documentos y órdenes para que se revisen los procesos de intervenciones que adelanta el Gobierno, en especial con Saludcoop, porque no daría una solución efectiva para la garantía del derecho a la salud de los colombianos.
