Por recomendación del Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), la Primera Autoridad del departamento, declaró la calamidad pública, con la cual se busca asignar y gestionar recursos ante el Gobierno Nacional, para atender a más de 4 mil familias damnificadas.
A la fecha, se reportan 250 eventos, discriminados en 162 inundaciones, 56 movimientos de tierra y 32 vendavales. Lo anterior, deja un registro de 4.075 familias damnificadas, 13 puentes afectados, dos víctimas mortales, 226 viviendas afectadas parcial y/o totalmente y un sin número de kilómetros de vías impactadas negativamente en los 19 municipios.
A la situación, se suma que persiste la alerta roja por altos niveles en los ríos Upía, Túa, Cusiana, Cravo Sur, Meta, Pauto, Ariporo y Casanare. Como también, alerta roja, por alta vulnerabilidad de deslizamientos en los municipios de Aguazul, Chámeza, Monterrey Recetor, Támara y Yopal.
Asimismo, las agencias internacionales, alertan sobre la llegada de La Niña, fenómeno que se podría configurar durante los meses de julio y septiembre, con graves repercusiones en todos los sectores.
Bajo este panorama, y por recomendación del Consejo de Gestión del Riesgo, se firmó este documento, que entrega herramientas jurídicas para asignar y gestionar recursos. “Desde la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, trabajamos durante todo el puente festivo, con las alcaldías y los miembros del CDGRD, en la sala de crisis, que ha permanecido activa, donde se han venido consolidando las emergencias y en donde ya se está culminando el plan de acción específico de la calamidad, que contempla especialmente, ayudas humanitarias, horas máquinas para recuperación de vías y puentes, obras correctivas y prospectivas”, informó Guillermo Velandia, jefe de la Gestión del Riesgo en Casanare.
Señala además, que el decreto, el Plan de Acción y la solicitud de apoyo ya fue elevado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
