La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP que requiera a los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Coronel (R) Wilson Camargo Tamayo y Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, ampliar su reconocimiento de verdad sobre la ocurrencia de los mal llamados ‘falsos positivos’ en el macrocaso 03, subcaso Casanare.
La petición se hace tras detectar, en las declaraciones de otros militares pertenecientes a dicha unidad, la posible comisión de hechos victimizantes adicionales, que no fueron referidos por los citados comandantes en sus versiones voluntarias.
El Ministerio Público insistió, además, en la necesidad de que la JEP califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
“Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, afirma la Procuraduría en su requerimiento.
Para sustentar la solicitud se hizo referencia a varios casos, como el de la comunidad de Aguazul, víctima de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de persecuciones o desapariciones de sus vecinos. A estas personas les hicieron perfiles de inteligencia falsos para sustentar supuestas operaciones que terminaron con sus asesinatos, no sin antes ser torturados.
También se citó el caso de una menor de edad embarazada, que, según testimonios de los comparecientes militares, habría sido presionada, drogada y golpeada, para sacarle información sobre miembros de la comunidad a los que asesinaron y presentaron luego como bajas en combate.
