El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, alertó al Gobierno y en especial a la nueva ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, por las irregularidades que se siguen dando en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El jefe del organismo de control informó que tras varias auditorías realizadas en el segundo semestre en 17 departamentos se descubrieron hallazgos fiscales por $32.943 millones.
“Si a esto se le suman los resultados de las Actuaciones Especiales que se realizaron previamente al PAE en la Guajira y la Costa Caribe, donde se evidenciaron hallazgos fiscales por $16.982 millones y $12.745 millones respectivamente”, sostuvo Maya Villazón.
Manifestó que se han detectado irregularidades en el manejo de recursos del PAE, en 14 departamentos, que acumulan una incidencia fiscal por $62.481 millones.
En tan solo cinco departamentos, señala Maya, se concentran los mayores hallazgos fiscales de estas nuevas actuaciones: Santander ($8.461 millones), Huila ($7.761 millones), Cesar ($6.709 millones), Casanare ($2.459 millones) y Norte de Santander ($1.776 millones).
La Contraloría encontró por ejemplo que, como ha salido a la luz en La Guajira, Cesar y Magdalena existe un entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios de los departamentos recién auditados.
“Desde el año 2012, en el Departamento de Arauca se ha ejecutado el Programa de Alimentación Escolar a través de un solo contratista, bajo la modalidad de selección abreviada, a la que se presentó como único proponente Ferry Services Ltda”, reveló.
Esta situación se prolongó hasta el primer semestre de 2016, periodo en el que, como integrante de una Unión Temporal, también salió favorecida la referida firma con la adjudicación de esta contratación.
Esto quiere decir que en los últimos cinco años el Departamento de Arauca adjudicó contratación por $49.631 millones a la misma persona jurídica.
Este mismo proponente contrató en el departamento de Casanare. En esta región, Ferry Service Ltda (ya sea de manera directa o formando parte de una unión temporal o consorcio), participó en tres contratos.
En Boyacá, la Fundación para el Desarrollo Social FUPADESO contrató con 30 municipios en la vigencia 2015 y con 31 en 2016. La Fundación Somos Manos Unidas, contrató con 16 municipios en la vigencia 2015 y con 17 en 2016.
En Meta, la Unión Temporal Nutrición Escolar 2015 conformada por Alimentos del Valle S.A y Mariela Rubiela Gómez de Molano suscribió contratos en las vigencias 2015 y 2016 con la Gobernación de este departamento.
En Casanare se hizo control fiscal a la Gobernación del Departamento y a los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Maní; encontrando hallazgos fiscales por cuantía de $2.459 millones de pesos, en los cuales se evidencia:
• Diferencia de precio cotizado frente a precio contratado en el contrato 1618 de 2014 suscrito por el Municipio de Yopal. Examinando los documentos del contrato se observó que el menor valor cotizado para la modalidad de almuerzo preparado en sitio lo presentó la Fundación Vida, Amor y Paz por $2.532 ración; sin embargo, en el estudio de mercado, los estudios previos y pliego de condiciones se estableció como menor valor cotizado $3.515,60 presentado por el Grupo Galvis y Payares SAS y el contrato se suscribió con base en el mismo valor.
Tal hecho genera una diferencia de costo por ración de $983,6 que al ser multiplicada por el número de raciones a suministrar, arroja un mayor valor de $584.3 millones.
• El Municipio de Yopal celebró el Convenio de Asociación y Cooperación No. 101.19.010, del 21 de enero de 2016, con la Fundación Somos Manos Unidas, para el suministro de raciones alimentarias, por $3.086 millones. En la revisión de este contrato se pudo establecer que se presentaron diferencias tanto al momento de elaborar la matriz de costeo de los alimentos, como en cuanto al valor incluido para ítems como mano de obra de las manipuladoras, suministro de elementos de aseo, gas, agua potable y transporte de alimentos, entre otros, versus los soportes de gastos en que realmente incurrió el operador, llevando a establecer un mayor valor pagado de $1.026 millones.
