El Gobierno anunció su intención de reformar el régimen migratorio y educativo para permitir que las universidades nacionales cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Asimismo, los hospitales públicos podrían cobrar por la atención médica brindada a extranjeros. Sin embargo, la implementación de estas medidas requerirá modificar tanto la Ley de Migraciones como la Ley de Educación Superior, lo que ha generado críticas y dudas en el ámbito académico y político.
En conferencia de prensa, Manuel Adorni, portavoz gubernamental, afirmó que el cobro de aranceles representará una nueva fuente de financiamiento para las universidades. «Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero», ejemplificó. No obstante, desde el Gobierno no se especificó qué categoría de estudiantes extranjeros se vería afectada, dejando dudas sobre si los estudiantes con residencia temporal estarán incluidos en la medida.
Las universidades nacionales, por su parte, remarcan que los estudiantes extranjeros deben contar con un DNI argentino para inscribirse, lo que los convierte en residentes temporales o permanentes. Por lo tanto, no encajarían en la categoría de «no residentes» que el proyecto busca arancelar. Según Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, «el anuncio es impreciso e insustancial en términos de financiamiento» y requiere reformas profundas en las leyes vigentes y los acuerdos del Mercosur.
Datos oficiales sobre estudiantes extranjeros
En el sistema universitario estatal, los estudiantes extranjeros representan el 4% del total , según datos de 2022. La UBA y la Universidad Nacional de La Plata concentran el 11% y el 10%, respectivamente , de este grupo, que proviene principalmente de países vecinos como Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia. En los últimos siete años, la cantidad de estudiantes extranjeros aumentó un 127% , mientras que el total de estudiantes creció un 36% .
Si bien las cifras pueden parecer significativas, Bartolacci subrayó que en su universidad los extranjeros representan menos del 1% del presupuesto. «Así como se plantea, no genera impacto real en términos financieros», afirmó.
El anuncio tomó por sorpresa a las universidades y al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes no habían sido consultados previamente. Víctor Moriñigo, titular del CIN, advirtió que cualquier cambio implicará modificar la Ley de Migraciones. Además, resaltó que los acuerdos internacionales, como los del Mercosur, garantizan condiciones específicas para estudiantes de ciertos países, lo que añade complejidad al proyecto.
La Ley de Educación Superior , vigente desde 1995, establece la gratuidad de los estudios de grado en universidades públicas para todos los estudiantes. Modificar este principio requeriría reformar el artículo 2 bis, algo que ya se intentó sin éxito en el pasado.
«El Gobierno tiene que formalizar la propuesta a través de un proyecto serio» , concluyó Moriñigo, dejando claro que la medida, tal como está planteada, genera más preguntas que respuestas.
Fuente: Sistema Integrado de Información – RCN Radio – Juan Camilo Cely
