La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SARV) de la JEP convoca a una audiencia pública el 12 de diciembre en Bogotá, con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres buscadoras en el país. Esta diligencia se realizará en el marco de la medida cautelar nacional ordenada por la misma sección, con el fin de garantizar los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada.
Durante la audiencia, la magistratura espera conocer y compartir con el país los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley 2364 de 2024, “Por la cual se establecen medidas para la protección, reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. Esta es la conocida ‘Ley de mujeres buscadoras’, aprobada el 4 de abril de 2024 por el Congreso.
Para ello, fueron convocadas autoridades públicas del ámbito nacional y territorial, así como organizaciones de víctimas y de derechos humanos, con el fin de ser escuchadas y realizar un seguimiento a las medidas adoptadas para implementar esta ley. La audiencia también busca ofrecer un espacio de participación a las mujeres buscadoras y sus organizaciones, visibilizar los retos y obstáculos, promover la articulación interinstitucional y conocer las acciones dirigidas a fortalecer los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.
Entre otras entidades, estará presente: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), y los ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior, de Igualdad y Equidad, y de Salud y Protección Social. También la Fiscalía General de la Nación, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
A partir de la información y el balance presentados, se recogerán los insumos necesarios para realizar un análisis integral de la situación y adoptar medidas efectivas dentro del marco del trámite cautelar nacional. La JEP considera que la efectividad de esta ley depende de la acción coordinada entre diversas entidades estatales y organizaciones de víctimas. Por eso, es fundamental seguir de cerca los avances y desafíos en su implementación, ya que solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva a las familias de las víctimas de desaparición forzada.
Precisamente, esta audiencia también responde a la solicitud presentada por la Fundación Nydia Erika Bautista, en nombre propio y de otras organizaciones, que hizo un llamado para coordinar esfuerzos entre instituciones y fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las entidades encargadas. Además, destacó la importancia de mejorar la tecnología en la identificación forense, optimizar la articulación de las políticas públicas y asegurar la adecuada asignación de recursos financieros y humanos.
Datos
La JEP ha ordenado 23 medidas cautelares de protección para diversos lugares, incluidos cementerios. Estas medidas abarcan más de 80 sitios donde se presume la existencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Como resultado, se han realizado intervenciones forenses que han permitido llevar a cabo 1.350 exhumaciones, identificar a más de 161 personas y entregar dignamente a 87 cuerpos a sus familias.
