La aprobación del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria ha generado un debate intenso entre dos visiones encontradas de la conservación ambiental en Colombia. Por un lado, un sector del ambientalismo considera que debe haber límites sólidos entre la conservación y la explotación agropecuaria, mientras que otro sector, integrado por organizaciones campesinas y expertos en tierras, cree que la utilización de los recursos naturales por parte de las personas es inevitable, incluso en áreas protegidas.
La Jurisdicción Agraria, que crea un nuevo tipo de jueces para resolver conflictos agrarios, ha sido objeto de controversia debido a su posible impacto en la conservación del medio ambiente. Algunos expertos, como Fabio Arjona, director para Colombia de la ONG Conservation International, y Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, consideran que la Jurisdicción Agraria no debe aplicarse en territorios que no tienen vocación agrícola, como la Amazonía.
Por otro lado, otros expertos, como Carlos Duarte, profesor del Instituto de Estudios Interculturales, consideran que es necesaria una mirada distinta que regule, pero no prohíba por completo, la interacción entre los campesinos y los recursos naturales en áreas de protección ambiental. Según Duarte, «el campesino no abre monte porque quiere, sino porque es desplazado y empujado hacia allá».
La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, ha tratado de zanjar las diferencias entre estas dos visiones de la conservación, pero el gobierno no tiene una tarea fácil en este sentido. La aprobación del proyecto de ley en el próximo semestre es probable, pero el debate sobre la conservación y la explotación del medio ambiente seguirá siendo un tema candente en la agenda pública colombiana.
Por: Ricardo Collazos.
