La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, reafirmó el compromiso del país con el régimen global de drogas y, al mismo tiempo, instó a la comunidad internacional a un debate franco e inclusivo sobre la necesidad de reformarlo. En su intervención en el 68º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Canciller Sarabia subrayó que, a pesar de los esfuerzos de Colombia y los miles de millones invertidos, la estrategia actual no ha logrado frenar el consumo, la producción y el tráfico de drogas.
«La evidencia es contundente: El narcotráfico ha frenado el desarrollo de nuestro país, ha victimizado a millones de campesinos, ha financiado grupos terroristas y ha devastado ecosistemas esenciales como la Amazonía», señaló la canciller. Además, destacó que la situación no es exclusiva de Colombia ya que en la última década la oferta global de drogas no se ha reducido y el número de consumidores recreativos ha aumentado en más de 50 millones de personas.
Colombia presentó ante la ONU una propuesta concreta para cambiar el rumbo de la lucha contra las drogas, basada en dos puntos fundamentales:
La exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas: La ministra Sarabia anunció que Colombia ha solicitado formalmente la revisión de esta clasificación, respaldada por evidencia científica. «La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí misma no es perjudicial para la salud. Solo podremos arrebatársela a los narcotraficantes si aprovechamos su potencial en usos industriales, como fertilizantes y bebidas», sostuvo.
A pesar de esta iniciativa, Colombia continuará con una estrategia de erradicación e interdicción. En este sentido, la Canciller informó que, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de enero de 2025, el país ha incautado más de 1.9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína, más de 215 mil kilogramos de base de coca y ha destruido 454 laboratorios clandestinos.
Alternativas económicas para las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas: La jefe de la diplomacia colombiana enfatizó la urgencia de generar opciones productivas viables y rentables, como el cultivo de cacao y café, para las regiones más golpeadas por el narcotráfico, como el Catatumbo y el Cañón del Micay. «No podemos permitir que las comunidades queden atrapadas en la violencia y el abandono. Debemos llevar recursos y proyectos de transformación territorial a quienes más lo necesitan», afirmó.
En este contexto, la canciller también hizo un llamado a revisar los mecanismos de financiación internacional. «Colombia ha aportado 416 millones de dólares a la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en la última década, siendo el segundo mayor contribuyente después de Estados Unidos. Es imperativo que estos recursos se ejecuten con eficiencia, austeridad e impacto real sobre las comunidades afectadas», subrayó.
Para finalizar, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, instó a la comunidad internacional a construir un nuevo modelo basado en la evidencia y el respeto a la vida. «Reformar el régimen global de drogas no significa normalizar el narcotráfico, sino dotarnos de herramientas más eficaces para combatirlo. No podemos seguir repitiendo los errores del pasado. Para Colombia, reenfocar esta política es una cuestión de vida y paz», concluyó.
El encuentro fue presidido por el presidente de la Comisión de Estupefacientes, Shambhu Kumaran; la directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Ghada Waly y el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Jallal Toufiq.
