Un médico fue separado de su cargo como ginecólogo, como parte del proceso de depuración de la institución, informó el gerente del Hospital de Yopal Ronald Roa.
La destitución se da después de una «exhaustiva evaluación» para «determinar la idoneidad y confianza» del personal, en este proceso se encontró que el ginecólogo Jaime José Baleta Hernández, había falsificado varios documentos, por lo que fue cancelado su contrato.
Baleta Hernández, venía siendo contratado desde octubre del 2016, como especialista en Ginecología, pero, su hoja de vida estaba siendo sometida a evaluación, encontrándose con la irregularidad en varios de los documentos presentados.
Se supo, recientemente que, Baleta Hernández, fue capturado por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en la modalidad de masa y falsedad material en documento público, la Fiscalía imputó cargos a Jaime José Baleta Hernández, médico especialista en ginecología, ante un Juez Penal de Honda (Tolima) con funciones de control de garantías.
Al parecer el especialista en compañía de otros sujetos estafó a varios médicos ofreciéndoles especializaciones en una reconocida universidad del departamento de Bolívar.
El 5 de mayo de 2016 una de las víctimas denunció que Baleta Hernández le ofreció un cupo para una especialización, sin embargo debía contactarse con otro médico para realizar el pago de la misma, al cual le consignó $55 millones.
Posteriormente recibió vía correo electrónico notificación de la universidad y un código PIN haciendo referencia a la inscripción.
La Fiscalía en desarrollo de la investigación estableció que el procesado —entre octubre y noviembre de 2015— habría estafado a 5 médicos generales, logrando captar 375 millones de pesos, a quienes igualmente se les notificó la inscripción.
De acuerdo con lo establecido por los investigadores, tres víctimas más fueron ubicadas en Buenaventura (Valle del Cauca) para junio de 2015, y una más en enero de 2016 en Barranquilla (Atlántico).
La Directora de Registro de la universidad corroboró que el procesado no tenía vínculo alguno con la institución y los documentos entregados a las víctimas no corresponden a los usados y son falsos en su contenido.
Servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura emanada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cúcuta (Norte de Santander).