Ante el Juzgado 32 Penal de Bogotá, con función de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó delitos relacionados con corrupción administrativa a cinco exfuncionarios de la Empresa E.S.E. Solución Salud en el departamento de Meta y a un contratista, por las posibles irregularidades cometidas en la adquisición de equipos básicos y elementos para urgencias, hospitalización y laboratorios, entre otros.
Una fiscalía adscrita a la Unidad de Administración Pública de Villavicencio (Meta) los vinculó formalmente a la investigación como presuntos autores de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por los hechos que afectaron el acceso y calidad del servicio de salud en cerca de 18 municipios de ese departamento.
En la audiencia que tardó cerca de 14 horas en el Complejo Judicial de Paloquemao, el fiscal sostuvo que estas seis personas habrían participado en los estudios de compras y de adquisición de equipos biomédicos, apoyos hospitalarios, camas, mesas y camillas con precios muy elevados comparados con los del mercado.
Asimismo, los informes de los investigadores de policía judicial indican que, en las visitas hechas a los centros de atención, no aparecían instalados los equipos entregados y que otros no responden a los móviles de atención y categoría de los centros hospitalarios.
Por ejemplo, los espirómetros para los neumólogos, incubadoras para cultivos de laboratorio o microscopios “no son de tecnología avanzada”, pero en los estudios de compras indicaban que eran de última generación.
La denuncia instaurada por la Asamblea Departamental de Meta —en sesión plenaria del 26 de julio de 2016— advierte que se habrían presentado sobrecostos en la ejecución del contrato No. 864 de 2015, por valor de $37.142’093.218, celebrado entre la E.S.E. Solución Salud y la firma Global Environment and Health Solutions con sucursal en Colombia.
Durante la audiencia pública el delegado del ente de investigación señaló que los costos fueron superiores al 35% del valor del contrato y que los soportes presentados no cubrían la totalidad de los pagos realizados.
Entre los procesados penalmente está Sandra Milena Buitrago Acosta, exgerente de la ESE, quien habría realizado los estudios de conveniencia y análisis de los costos, además de suscribir el contrato y ordenar el pago en el 2015.
De la misma manera, Manuel Francisco Velásquez Pérez, Ingeniero Biomédico (Supervisor); Danny Alberto Álvarez Sanabria, profesional de Compras de la ESE; Ignacio Cardozo Baquero, ex subgerente asistencial; Fabián Alberto Saavedra Ríos, exjefe de la Oficina Jurídica de esa entidad; y Ricardo Gailer Garcés, contratista.
Aunque el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de los procesados, detenidos por el CTI Meta el 3 de agosto último, todos continúan vinculados a la investigación.
