Natasha Avendaño García asumió hoy como superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), luego de ser nombrada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, mediante Decreto 1874 del 3 de octubre 3 de 2018.
La nueva funcionaria tomó posesión del cargo ante la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso Másmela. Es economista y magíster en Economía de la Universidad de Los Andes. Cuenta además con máster y doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley.
Al momento de su designación, la nueva superintendente se desempeñaba como directora de Gestión Organizacional en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, entidad a la que estuvo vinculada desde el año 2012 y en la que también ocupó el cargo de subdirectora de Análisis Operacional. Laboró, además, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Avendaño García tendrá a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control de cerca de cinco mil empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible (gas natural y GLP), que existen en el país. Entre los retos que asume la nueva superintendente está el de la continuación del proceso de intervención de Electricaribe y definir, junto con el Gobierno Nacional, una solución definitiva a la crisis que presenta el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Otro de los retos de la superintendencia es la vigilancia y supervisión de todos los rellenos sanitarios del país, así como el seguimiento a los planes de contingencia de las empresas de acueducto y alcantarillado que permitan evitar traumatismos en la prestación de los servicios ante la temporada de invierno que vive el país.
En materia energética, debe adelantar el seguimiento a la viabilidad técnica y financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a través de una estrategia de vigilancia basada en el estudio de la gestión de riesgos por parte de los agentes; y hacer el monitoreo de las obligaciones de energía en firme y los mercados mayoristas. Además, continuar con la promoción de la política de datos abiertos de la información contenida en el Sistema Único de Información de los prestadores, con el objeto de empoderar a los usuarios, consumidores y agentes del mercado en la toma de decisiones y en el control de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.