En el fallo se fija un plazo de cinco años para implementar una política pública que cumpla con este objetivo.
l Juzgado 39 administrativo de Bogotá ordenó a los ministerios de Salud y de Trabajo promover una política pública de sustitución del uso de asbesto en el país, al considerar que sí representa un riesgo para la salud.
Asimismo, sostuvo que esta determinación se originó de una acción popular que fue instaurada en 2005 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que comenzó a ser analizada de manera minuciosa por su despacho desde el año 2006, debido a la complejidad del caso y a los más de 30 testimonios y 12 mil folios de la demanda.
«Con base en el convenio OIT 162, revisado por la Corte Constitucional, se le ordena a los ministerios del Trabajo y de Salud diseñar, implementar y ejecutar hasta en un plazo máximo de cinco años la política de sustitución del asbesto», dijo Galeano Guevara.
Según el juez 39, la propia Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto de estudio para el cáncer encontraron que no hay un umbral seguro para la exposición del asbesto, no solo en materia ocupacional sino por fuera del ambiente laboral.
«Como juez no puedo ordenar la prohibición del asbesto. Lo importante de esta decisión, es que se vence el paradigma del uso del asbesto seguro en Colombia que había sido sostenido durante muchos años y se reconoce que no hay una condición básica para que ese asbesto sea usado en condiciones seguras», dijo Galeano Guevara.
De acuerdo con el juzgado, «Canadá, que era uno de los defensores de la política del uso seguro del asbesto, abandonó esa tesis. De igual forma el Supremo Tribunal Federal de Brasil, en sentencia de 2017, declaró inconstitucional la norma del uso del asbesto en ese país pese a ser el segundo productor a nivel mundial«, indicó Galeano Guevara.
También precisó que hay un total de 254 empresas que aparecen en los registros del Plan Nacional de Prevención contra neumoconiosis y otras enfermedades, que estarían en Colombia relacionadas con la comercialización de producto que involucran asbesto.
Agregó que esta decisión podría ser objeto de apelación por parte de las empresas vinculadas al caso, que insisten en defender el uso seguro del asbesto en el país.
Decisión de juez implica un avance: Greenpeace
Greenpeace, una de las ONG ambiental más reconocidas del mundo que lidera en Colombia el trabajo para que se prohíba la sustancia en el país, catalogó como positiva la decisión del juez en Bogotá que ordenó iniciar un camino para la sustitución del asbesto en Colombia.
«No dejamos ni dejaremos de impulsar, presionar y exigir que Colombia prohíba el uso de asbesto. 130 mil personas firmaron para que esto sea posible y pensamos que cualquier acto legislativo implica un avance en la protección de derechos de las víctimas, reconociendo que la industria ha sido terca en saber que el asbesto es una sustancia peligrosa», dijo Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia.
Señaló que «el camino no termina» porque, desde 2007, se viene impulsando en el Congreso de la República la ‘Ley Ana Cecilia Niño‘ que busca que el país prohíba la sustancia que 67 países del mundo han negado.
Según Greenpeace, no existen cifras claras sobre el número de afectados en Colombia por la sustancia, catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígena.
«Se habla de 500 colombianos afectados por enfermedades cancerígenas asociadas a la sustancia, presente sobre todo en la construcción y la industria automotriz», añadió.
