La Contraloría profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2.585 millones de pesos contra el ex Gobernador de Casanare, Withman Herney Porras Pérez, la Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ y la firma interventora Consorcio JG – 2004, por el indebido reconocimiento que se hizo al mencionado contratista de $1.973 millones, por concepto de desequilibrio económico en un contrato de obra de 2004 cuyo objeto era construir 1.055 viviendas de interés social en este departamento.
De esas 1.055 viviendas contratadas por el departamento de Casanare se construyeron 882 y quedaron sin construir 173 que, pese a ello, le fueron pagadas en su totalidad al contratista.
Los recursos pagados por la Gobernación eran provenientes de regalías y dejaron de destinarse al fin que tienen las mismas: satisfacer necesidades básicas de su población como salud, educación, saneamiento básico y otros.
Los $2.585 millones establecidos como responsabilidad fiscal por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deben ser resarcidos por:
El entonces Gobernador Withman Herney Porras Pérez; la empresa contratista Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ, integrada por Luis Fernando Escobar Martínez, José Arney Mesa Rosas, Julio César Augusto Lozada Vargas, y la sociedad MRB representada legalmente por Martha Inés Buitrago; y por el interventor Consorcio JG – 2004, integrado por Juan Carlos Belalcazar Benítez y por la Sociedad Grupo G&B, representada legalmente por Jairo García García.
Uno de los reproches que hace la Contraloría es el hecho de habérsele reconocido y pagado al contratista por hechos cumplidos, o sea por obras que a pesar de haber sido ejecutadas, no fueron pactadas.
