Según una investigación, el fraude de incapacidades está frenando la generación de empleo formal.
Cerca del 60% de las empresas que cuentan en sus plantas con un número de empleados de 50 a 249 empleados, ha desistido de contratar personal por temor a la Estabilidad, debido a que el 52% de las empresas ha detectado el uso de documentación falsa, exageración de síntomas o manipulación indebida en la presentación de incapacidades, para lograr una protección remunerada.
Según el presidente de la compañía, Javier Echeverrí, la Estabilidad Ocupacional Reforzada por Salud, es un asunto que actualmente impacta la generación de empleo formal en el país y la productividad, pues según la encuesta, el 70% de las empresas considera viable un aumento moderado en los aportes a seguridad social, para que sea el sistema quien asuma los costos de estos empleados y no directamente las empresas.
«Esta investigación, se compone básicamente de una encuesta en la que participaron 1.000 empresas del país, y paralelamente se realizó una comparación con empresas de Argentina, México, Perú, Brasil, Francia y Estados Unidos, para determinar cuál es el tratamiento que se le da a la Protección por Salud en esos países, y nos dimos cuenta que en ninguno de esos países, los empresarios tienen una responsabilidad tan grande con el empleado», sostuvo Echeverri.
¿Qué es la Estabilidad Reforzada por Salud?
Según el presidente de Manpower Group, es la garantía que tienen los empleados de permanecer en su empleo, aún estando en una situación particular de salud que no le permita desempeñarse normalmente en el ejercicio de su labor.
«La Corte Constitucional, ha desarrollado diferentes conceptos sobre la disminución de la salud física o mental, para que la persona tenga una protección no solo en casos de salud severos, sino cuando se presente un caso de debilidad manifiesta», aseguró Echeverri.
De igual manera, el estudio expuso que el 17% de las compañías considera viable una indemnización especial para estos casos. «El reto es generar consensos en el país y evaluar otras alternativas para proteger a quiénes lo necesitan verdaderamente sin endilgar semejante carga a los empresarios, preguntándonos ¿Cuántos empleos estamos dejando de crear?”, afirmó Echeverri.
El presidente afirmó que las grandes compañías que ejercen en Colombia, tiene grupos especiales de monitoreo de las incapacidades presentadas por los empleados, y allí se ha podido confirmar que muchas veces las personas presentan incapacidades fraudulentas o con exageración en los síntomas, y aseguró que para las empresas pequeñas o aquellas que están empezando en el mercado, esto supone una crisis.
«Para el caso de las pequeñas empresas, estos fraudes pueden significar la quiebra, pues si se tienen cuatro empleados en una compañía, y dos de ellos se ausentan por incapacidad, la remuneración de esta significa una pérdida para la empresa», dijo Echeverri.
Igualmente, el presidente de la empresa encuestadora aseguró que desde los gremios empresariales, se ha manifestado al Gobierno Nacional la intención de que las empresas no sean las que paguen en su totalidad las remuneraciones por incapacidad.
«En esta investigación le preguntamos a los empleadores, cual sería la más probable solución para evitar pérdidas económicas, sin que esto signifique la no protección de los derechos de los empleados, pues si una persona presenta una afectación de salud, lo más injusto sería que la despidieran. Por el contrario, se trata de buscar alternativas que le permitan a las empresas desligar y liberar todo su potencial para generar empleo formal «, explicó el funcionario.
Finalmente, el directivo afirmó que una de las alternativas planteadas tras los resultados de la encuesta, es que se pague un aporte adicional al sistema de seguridad social, y que a través de normas sea el sistema el que se encargue desancionar a los empleadores que presenten incapacidades fraudulentas, el 70 % de las empresas encuestadas manifestó que esta posibilidad es viable.
Otra de las alternativas, expuestas por el presidente, es la de pagarle al empleado que tiene una situación particular de salud, una indemnización adicional, lo que podría estar ligado con el hecho de pagarle la seguridad social hasta tanto la persona resuelva su situación de salud.
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