También declaró la exfiscal Hilda Niño, procesada por recibir dinero a cambio de favorecer a ex ‘paras’.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia continúa escuchando las declaraciones de los testigos que solicitó la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en medio de la investigación por presunta manipulación de testigos en su contra y contra el congresista Álvaro Hernán Prada.
Al momento, la Corte ha escuchado a cuatro exparamilitares, todos pedidos por la defensa de Uribe. El primero en declarar fue Carlos Enrique Vélez (alias ‘Víctor’), detenido en la cárcel de Tramacua de Valledupar y exintegrante del bloque Cacica Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En su declaración ante la Corte, al parecer confirmó que el abogado del senador, Diego Cadena, le hizo varios ofrecimientos de dinero para declarar en procesos contra el expresidente.
También declaró Máximo Cuesta Valencia (alias ‘Sinaí’), quien fue condenado en el 2014 por el asesinato de un miembro del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond.
Según los registros de las autoridades, alias ‘Sinaí’ es desmovilizado del bloque norte de las AUC y señalado de ser exjefe de la banda Águilas Negras’ en los departamentos de Cesar y Norte de Santander. Permanece recluido en la cárcel Girón, en Santander.
Elmo José Marmol Torregosa, alias ‘poli’, también exparamilitar, fue condenado 30 años de prisión por el asesinato del dirigente político del sur Cesar, Anuar Yaver Cortez, un crimen ocurrido en agosto del año 2007. Y Giovani Alberto Cadavid Zapata, de quien no se tienen mayores registros.
Además de esas declaraciones también compareció la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien tuvo que explicar a la Corte sus versiones entregadas a la Fiscalía en el marco de una matriz de colaboración, que se relacionan con un supuesto plan creado en la administración de Eduardo Montealegre en contra de Uribe y su familia.
Esa colaboración de Niño se habría desprendido de aceptar cargos por haber recibido millonarias sumas de dinero para favorecer a expramilitares con decisiones judiciales.
La investigación se abrió en julio de 2018 por presunta presión a testigos en el caso de la denuncia contra el senador Iván Cepeda Castro. El expresidente ha cuestionado que el llamado a indagatoria se haya efectuado sin escucharlo previamente en versión libre.
La Sala de Instrucción de la Corte programó para el próximo 8 de octubre en las horas de la mañana la indagatoria a Uribe, basados en un expediente que contiene ocho cuadernos principales, cada uno de 300 folios (hojas), nueve cuadernos de anexos, seis cuadernos de documentación reservada y 137 registros de audio y vídeo.
