El Consejo de Estado no encontró material probatorio suficiente para decretar la muerte política de los congresistas.
La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme las investiduras de los congresistas Juan Manuel Corzo y Tatiana Cabello, quienes habían sido demandados por irregularidades durante su elección.
De acuerdo con la decisión del alto tribunal, en el caso del expresidente del Congreso Juan Manuel Corzo, no había material probatorio que demostrara un presunto tráfico de influencias que ejerció desde su condición como congresista para favorecer un nombramiento en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera (Corponor).
Entre tanto, la demanda que existía contra la congresista Cabello advertía que ella tenía alguna inhabilidad al haber trabajado en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, (ETB) meses antes de su elección.
El Consejo de Estado tomó en cuenta los argumentos presentados tanto por la defensa de la congresista como la de la Procuraduría, en la cual se señalaban que la ETB por ser una empresa público – privada no es objeto de control político, excepto, el presidente de la misma.
