Por estos hechos un juez condenó a dos exfuncionarios de la administración del excalde Gustavo Petro.
Ante la Sala Penal de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, solicitó que se compulsen copias contra el exalcalde y actual senador, Gustavo Petro Urrego, por su posible injerencia en las irregularidades que se registraron con la compra de 100 motos eléctricas.
Por las fallas que se registraron en la adquisición de las motos, en días pasados el juez 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, condenó a diez años de cárcel al exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá Cesar Manrique Soacha y el exsubgerente Jesús Amado Abril.
Además, deberán pagar una multa de 2.940 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro, fueron hallados responsables de los cargos de peculado por apropiación en favor de terceros; en concurso con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en el año 2012 cuando el Fondo de Vigilancia y Seguridad suscribió un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas tipo cross para la Policía, por un valor de 4.357 millones de pesos.
Fueron declarados culpables por haber celebrado el contrato de manera directa sin adelantar una licitación pública, teniendo en cuenta el valor del mismo.
“Se infiere razonablemente el probable conocimiento y participación en los mismos, del hoy aforado senador de la República Gustavo Petro Urrego, en su calidad de Alcalde Mayor de Bogotá para el momento en que tuvieron ocurrencia los hehos sancionados”, señalan apartes de la solicitud de compulsa de copias que hizo la Fiscalía a la Corte Suprema.
Durante la investigación, la Fiscalía probó que se presentó un presunto detrimento patrimonial por 1.200 millones de pesos, puesto que se registró un sobrecosto en el valor individual de las motos.
De acuerdo con la sentencia, cada una de las motos fue adquirida por un valor de 43 millones de pesos, un costo superior al precio que tenían en el mercado.
También se concluyó que el contrato fue entregado de manera directa a una empresa que no contaba con los requisitos básicos exigidos.
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