Incluso, una mujer de seis meses de embarazo hacía parte de esta red.
Simulando ser familiares, amigas o cónyuges de personas privadas de la libertad, un grupo de mujeres ocultaba estupefacientes en su cuerpo y los ingresaba a distintas penitenciarias del país. Luego, las sustancias ilícitas eran comercializadas entre los internos. Las seis mujeres implicadas acudían a las cárceles para cumplir con su derecho a la visita conyugal. En ese contexto, y en su momento, las visitantes afirmaron haber visto a, por lo menos, 17 hombres a quienes identificaron como sus esposos; además de 5 amigos.
Esta modalidad de ingreso de sustancias ilegales fue puesta al descubierto por la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico (DECN) de la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el Gaula Militar y la policía judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el marco de la operación Alkatraz que se cumplió en Bogotá y que permitió la captura de ocho personas. Entre los implicados están tres internos que están privados de la libertad en las cárceles La Picota de Bogotá y Picaleña en Ibagué. Uno de ellos es Favián Viracachá Ballén, alias ‘Ballén’, actualmente recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá, y quien es considerado por el fiscal del caso como el presunto jefe de la organización criminal.
Las labores de Policía Judicial le permitieron a un grupo de fiscales e investigadores establecer que ‘Ballén’ dirigía desde su celda las acciones que eran puestas en práctica por la estructura criminal y cuyos alcances llegaban a penales en el departamento del Tolima como la de El Espinal y Picaleña en Ibagué; las de Chocontá y Funza en Cundinamarca; y las cárceles de Sogamoso, Cómbita, Barne, Tunja y Chiquinquirá en Boyacá.
Interceptaciones telefónicas evidenciaron cómo Ballén controlaba la compra de cocaína y marihuana, entre otras sustancias ilegales, que eran prensadas y 2 empacadas en “dediles” o “monedas” que las mujeres introducían en sus partes íntimas para luego ser distribuidas en los centros penitenciarios. Los seguimientos realizados evidenciaron cómo las capturadas, que hacían las veces de correos humanos, ingresaban a las cárceles hasta una libra y media de estupefacientes.
Una vez en el penal, las sustancias eran entregadas a los contactos previamente determinados. Se pudo además precisar que los internos pagaban hasta 800.000 pesos por las sustancias ingresadas al establecimiento de reclusión. Los implicados fueron imputados por la Fiscalía ante la Juez 71 de Control de Garantías de Bogotá, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir; tráfico, porte o fabricación de estupefacientes. Ninguno de los judicializados aceptó los cargos.
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