Un grupo de policías y civiles tendrán que responder por el intento de desviar la investigación.
Este martes, después de siete años, se dará inicio al juicio por la manipulación y alteración de la escena del crimen en los hechos que rodearon el crimen del joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo, quien murió tras recibir un disparo de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá el 19 de agosto de 2011.
La Fiscalía General expondrá su teoría del caso, la cual señala que esa noche un grupo de policías llegó al lugar donde el uniformado había atacado con su arma de dotación al joven de 16 años con el fin de ubicar una pistola que había sido adquirida horas antes en el «mercado negro» de la capital de la República.
Esto con el único fin de señalar a Becerra Lizarazo de haber amenazado al patrullero Wilmer Antonio Alarcón después que este lo requisara tras recibir una denuncia por el atraco a los pasajeros que se movilizaban en un bus de servicio público a la altura de la calle 116 con Avenida Boyacá.
Igualmente, los policías realizaron una ronda por varios medios de comunicación del país junto a Jorge Narváez, el conductor del bus, quien señaló que el joven Diego Felipe Becerra en compañía de otros dos amigos había asaltado con un arma de fuego a los pasajeros y le había quitado el producido del día.
Asdemás, se conoció la declaración de la compañera sentimental del conductor quien reconoció en las fotografías al menor de edad. Sin embargo, para la Fiscalía General, todas estas declaraciones hicieron parte de un estructurado plan que buscaba desviar la investigación y justificar el actuar del patrullero Alarcón.
El ente investigador, en el escrito de acusación, señalara que desde que se recibió la llamada del patrullero Alarcó se creó una estrategia para acusar al joven de ser un atracador y se ordenó la compra de un arma de fuego con el fin de ubicarla en el lugar de los hechos y así sustentar el dicho del uniformado.
Los policías firmaron «un pacto de silencio» con el fin de que no se conocieran las acciones que se adelantaron esa noche. Sin embargo, para la Fiscalía, existe evidencia suficiente para demostrar que Diego Felipe Becerra nunca portó y mucho menos accionó el arma de fuego en contra de Alarcón.
El arma, indicó un informe de balística, tenía varias fallas y para ser accionada se necesitaba un alto conocimiento en el manejo de armamento. Igualmente el informe de Medicina Legal arrojó que las manos del joven no tenían rastros de pólvora ni en su mochila se habían encontrado rastros del arma.
El mismo informe detalló que el joven recibió un disparo por la espalda, descartando así lo dicho por Alarcón quien señaló en su interrogatorio que había sido amenazado con el arma por parte del joven y que al ver que le iba a disparar sacó su arma de dotación para defenderse.
Por la manipulación de la escena del crimen la Fiscalía General acusó a los coroneles Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo –exsubcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y excomandante de la Estación de Suba.
