El alto tribunal estudia seis demandas contra la normativa impulsada por el Gobierno.
La sala plena de la Corte Constitucional estudia este miércoles seis ponencias que podrían definir el futuro de la Ley de Financiamiento, promovida por el Gobierno del presidente Iván Duque.
Dos de esas seis demandas piden que se tumbe por tratarse de irregularidades de forma y no de fondo; es decir, no se dio de manera correcta el trámite que se surtió en el Congreso de la República para que fuera aprobada la normativa.
Cada una de las demandas se encuentra en los despachos de los magistrados Alejandro Linares y Carlos Bernal, según el orden del día de la sesión.
La sala plena deberá decidir primero la suerte de alguna de esas dos ponencias. Ha trascendido que la de Bernal, que unifica dos demandas, va aprobando la ley en el sentido de que no hubo vicios de forma en su trámite por el Congreso.
Esas demandas que estudió el magistrado son las que presentó el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y los congresistas Jorge Robledo y Germán Navas Talero -entre otros-, por supuesta vulneración de los principios de publicidad, participación democrática, consecutividad y legalidad tributaria.
Bernal hace un estudio profundo sobre el trámite que se surtió en Senado y Cámara para la aprobación del articulado y concluye de las 122 disposiciones que fueron aprobadas en Cámara, 93 guardaban conexidad con el proyecto radicado para segundo debate en plenaria de la Cámara.
Además, que algunas fueron objeto de especial énfasis en la intervención que realizó el senador ponente David Barguil al explicarlas ante los congresistas.
En total existen 24 demandas contra el articulado y lo que esta semana se defina sobre las ponencias que Linares y Bernal marcará en rumbo de la Ley de Financiamiento.
Después de decidir frente a esas demandas, la Corte entrará a debatir las ponencias de la magistrada Cristina Pardo, que al parecer van tumbando parte de la normativa de la ley.
Pardo tiene la demanda contra el impuesto de renta para personas jurídicas que establece que las entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT deben liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta durante los períodos gravables 2019, 2020, 2021.
Pardo tiene en sus manos la demanda contra el artículo que establece una exención de IVA para el alcohol carburante con destino a la mezcla de gasolina.
El artículo que establece el modelo de tributación opcional que integra el impuesto de industria y comercio consolidado y el impuesto sobre las ventas; es decir, los artículos que hablan de la declaración virtual liquidada en dólares a cargo de los prestadores de servicios desde el exterior, las personas naturales responsables y no responsables del IVA y la favorabilidad en etapa de cobro.
