Autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad para evitar nuevos desmanes.
Tras el segundo día de protestas en Cataluña, las autoridades reportan un saldo parcial de 25 detenidos y 200 heridos en medio de las movilizaciones que rechazan las condenas de prisión emitidas contra ex líderes independentistas.
La reciente jornada estuvo marcada por bloqueos viales en autopistas y vías férreas, situación que generó caos en la movilidad y fuertes enfrentamientos con las autoridades.
El Eixample derecho de Barcelona fue esta noche el principal escenario de una batalla campal entre agentes de seguridad y grupos violentos de manifestantes convocados por los Comités de Defensa de la República (CDR) que quemaron algunos inmuebles, levantaron barricadas y prendieron hogueras.
En una céntrica área de la ciudad la circulación fue cortada por motivos de seguridad y la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, pidió a los ciudadanos que no se acercaran a la zona, en especial, al paseo de Gracia, con Jardinets de Gracia, y Pau Claris con Mallorca.
El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes del lunes, recuperó la normalidad después de que grupos de secesionistas bloquearan los accesos en medio de disturbios, lo que obligó a cancelar 110 vuelos, mientras que hoy se anularon 45.
El Gobierno central del país reaccionó a la violencia desatada por los separatistas catalanes con un comunicado emitido en Madrid en el que subrayó su compromiso de garantizar la seguridad en Cataluña, que denunció como acciones «coordinadas» para «romper la convivencia».
El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, en funciones ante las elecciones generales convocadas para el próximo mes, reiteró que actuará con «firmeza, proporcionalidad» y «unidad» con el resto de formaciones políticas.
«Una minoría está queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas, especialmente Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida«, señala el Ejecutivo en su comunicado, en el que admite que la violencia de esta noche «está siendo generalizada en todas las protestas».
Tras recordar que «grupos violentos de manifestantes» han atacado las sedes de las subdelegaciones en Tarragona, Girona y Lleida, y están provocando «destrozos y actos vandálicos» en otras localidades catalanas, el Ejecutivo cree «evidente» que «éste no es un movimiento ciudadano pacífico», sino que es uno «coordinado por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña».
«El objetivo del Gobierno de España es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia en Cataluña, y lo hará si es preciso siguiendo su compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad», asegura el Gobierno.
El Tribunal Supremo español (TS) impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los líderes soberanistas por el proceso independentista ilegal de 2017 en esa región española, que goza de una amplia autonomía.
