Por este homicidio en persona protegida son investigados otros cuatro uniformados.
El fiscal Fabio Espitia aseguró que los investigadores cuentan con suficientes elementos de prueba para imputar cargos al coronel retirado Jorge Armando Pérez Amézquita y otros cuatro uniformados por la muerte del exguerrillero de las Farc Dimar Torres Arévalo.
“Hay elementos de juicio que le permiten a la Fiscalía solicitar una imputación y una medida de aseguramiento; esto obviamente no se puede hacer mientras no se decida la temática de competencia”, dijo el fiscal Espitia.
El caso se encuentra en manos de la Judicatura luego de que la defensa de este grupo de uniformados pidió que el proceso penal adelantado por la Fiscalía fuera asumido por la Justicia Penal Militar, argumentando que los hechos se registraron en medio de una actividad propia del acto de servicio.
Ante dicha petición, un juez frenó la imputación que tenía lista la Fiscalía y ordenó enviar en septiembre pasado el expediente a la Judicatura con el fin de que esa corporación resuelva el conflicto de competencias y determine si es la Justicia Ordinaria o la Justicia Penal Militar la capacitada para conocer este caso.
“En esto hay que ser sumamente claros, la Fiscalía tiene claridad sobre la competencia. La Justicia Penal Militar no ha solicitado, no ha planteado ninguna coalición; esto fue una solicitud de la defensa, y el juez, en una decisión que respeto como todas las decisiones judiciales, dispuso remitir esto al Consejo Superior de la Judicatura”, indicó Espitia.
«Tan pronto se decida esto por el Consejo Superior de la Judicatura, y si es como pensamos, que es competencia de la Fiscalía, se harán las respectivas imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento”, manifestó el Fiscal General encargado.
Los otros cuatro militares indagados por este caso son el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo y los soldados profesionales Cristián David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte.
Según trascendió en su momento, Dimar Torres fue encontrado muerto por un grupo de campesinos el 22 de abril pasado en Ocaña (Norte de Santander), cuando presuntamente el cabo segundo Gómez cavaba una tumba para enterrar y desaparecer los despojos del exguerrillero, sin cumplir ningún protocolo legal.
De acuerdo con los investigadores, en este caso, que fue denunciado por los campesinos como un ‘falso positivo’, estaría también implicado el coronel Pérez Amézquita, quien estaba al mando del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, y se señala que tenía que haber sido la primera persona que se desplazó hasta el lugar de los hechos para verificar la información preliminar.
En desarrollo de la primera fase de las diligencias judiciales le fue imputado el cargo de delito de homicidio en persona protegida al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, el cual no aceptó la sindicación de la Fiscalía e insistió en su inocencia.
