La abogada que lo acusó se retractó en sus señalamientos contra el delegado del ente investigador.
En 2017, la abogada Julie Catherine Nieto señaló que el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Jaime Alonso Zetien Castillo había recibido dinero de los contratistas Emilio Tapia Aldana y Julio Gómez, condenados por el ‘carrusel de la contratación’.
Esta declaración fue la base para que la misma Fiscalía le abriera una investigación preliminar al delegado del ente por los delitos de concusión y cohecho (recibimiento de sobornos).
Sin embargo, dos años después la investigación se cerró tras comprobarse que la abogada había faltado a la verdad al hacer esas acusaciones.
«La abogada Nieto Cortés, no vio, no escuchó, ni una tercera persona se lo dijo, y, por ende no tenía ni tiene pruebas de ese hecho, solo lo infirió de una serie de circunstancias, unas de las cuales fueron desvirtuadas y/o aclaradas con elementos materiales probatorios recaudados”, precisa uno de los apartes de la decisión.
Para la Fiscalía General, todas las acusaciones que hizo la abogada en contra de Zettien no tenían una base probatoria. En este sentido señaló que las otras personas señaladas negaron tajantemente haber entregado dinero al fiscal del caso, señalando que la abogada actuó con malicia.
Igualmente se tuvo en cuenta que la jurista presentó una retractación ante una Notaría 61 de Bogotá y el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente presentó excusas públicas por los daños y perjuicios causados al fiscal que lidera varias investigaciones por el ‘carrusel de la contratación’ en la capital de la República.
“Nunca tuve trato en el pasado, ni en el presente con el fiscal Zetien Castillo, quien reconozco su honestidad como ser humano y como fiscal». Señala el documento ante la Notaría 61”, precisó la abogada en su retractación.
En septiembre de 2017, la profesional del Derecho fue capturada cuando recibía 40 millones de pesos como parte de una exigencia al contratista Julio Gómez para tramitar su libertad ante la juez sexta penal de ejecución de penas. Según el empresario –quien denunció a Nieto- esta le había pedido $120 millones.
La abogada enfrenta actualmente un proceso penal por el delito de estafa agravada y podría enfrentarse a una investigación por calumnia.