Los accionantes manifiestan que existen vacíos sobre la convocatoria de la marcha.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda en la que se pide suspender las marchas programadas en todo el país el próximo 21 de noviembre.
En la acción judicial se manifiesta que existen muchos vacíos frente a las bases de la convocatoria de las movilizaciones, indicando que esto puede generar una gran afectación:
Los accionantes, entre los que se encuentran el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde y la exmagistrada del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, indican que la convocatoria a esta marcha afectaría los “derechos e interés colectivos como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad”.
Consideran que no se conoce “con exactitud” las razones para convocar las protestas contra el Gobierno y varias instituciones, “lo que ha hecho imposible estudiar soluciones” a los planteamientos de los convocantes.
Igualmente, manifiestan que existe un riesgo para el orden público, esto tras revisar los mensajes que se han enviado en los últimos días en las redes sociales y el contexto que se vive en el continente frente a las manifestaciones en países como Ecuador, Chile y Bolivia.
Este sábado se conoció una solicitud para suspender el servicio de Transmilenio el día de las marchas ante una posible afectación a los buses articulados, las estaciones y las personas que se movilizan en este sistema masivo de transporte.
El despacho del magistrado, Luis Manuel Lasso Lozano deberá determinar si acepta o no las pretensiones de la acción judicial. Para esto ya solicitó diferentes conceptos para emitir un fallo de fondo.
En los últimos días se ha conocido que sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes de universidades públicas y privadas, colectivos ciudadanos participarán en la marcha para protestar, principalmente, por las reformas laborales y pensionales del Gobierno.
Sin embargo, en las manifestaciones también se tocarán otros temas como el abuso de la fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), los casos de corrupción en la educación y las instituciones, entre muchísimos otros.