Las condenas recayeron sobre 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía.
Diecinueve ex dirigentes socialistas de Andalucía fueron condenados este martes en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España moderna, en un momento incómodo para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien negocia para intentar ser investido presidente del gobierno.
La Audiencia Provincial de Sevilla entregó la esperada decisión, en un macroescándalo originado en el reparto opaco y clientelista de cientos de millones de euros de ayudas públicas, procedentes de un fondo para desempleados y empresas en crisis.
Las condenas recayeron sobre 19 ex altos cargos socialistas del gobierno regional de Andalucía, en manos del PSOE durante 36 años ininterrumpidos, hasta el pasado enero. José Antonio Griñán, presidente andaluz de 2009 a 2013, ex consejero regional de Hacienda y ex ministro, fue condenado a seis años de cárcel y a 15 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.
Su predecesor, el histórico presidente andaluz (1990-2009) y ex ministro Manuel Chaves recibió nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público por prevaricación. Otra ex ministra y ex consejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, cae en mal momento para Pedro Sánchez, ganador de las legislativas del 10 de noviembre, pero con tres escaños menos de los obtenidos en los anteriores comicios, en abril.
Su intención, apuntan fuentes gubernamentales, es «acortar plazos» y tratar de ser investido presidente en el Parlamento la semana del 16 de diciembre. De momento amarró los apoyos de la izquierda radical de Podemos, con la que anunció que gobernará en coalición.
Pero para ser investido necesita más apoyos, por lo que sus colaboradores están negociando con distintos partidos, entre ellos los independentistas catalanes de ERC, cuyo respaldo se anuncia de momento difícil.
El PP contraataca
Es «una sentencia muy dura», reconoció el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, añadiendo que al referirse aquélla a hechos de la pasada década, «no afecta ni al actual gobierno ni a la actual dirección del Partido Socialista«.
La oposición conservadora del Partido Popular quiere evitar que Sánchez sea investido, después de haberle arrebatado Andalucía al PSOE, donde ahora gobierna en coalición con los liberales de Ciudadanos y el apoyo parlamentario de la extrema derecha de Vox.
«Sánchez llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto. Ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España», afirmó el líder del PP, Pablo Casado, en Twitter.
El PP sigue muy dolido con un Pedro Sánchez que llegó al poder en junio de 2018, merced a una moción de censura contra el entonces gobierno conservador de Mariano Rajoy. La moción estuvo motivada por una sentencia judicial en otra macrocausa por corrupción, la de la llamada ‘trama Gürtel’.
La justicia condenó entonces al PP como «partícipe a título lucrativo» de una trama en la que cargos ‘populares’ daban contratos públicos a una red de «empresas amigas». La sentencia estableció también que durante dos décadas el PP mantuvo una contabilidad irregular.
«Descontrol absoluto»
La sentencia de este martes, de 1.821 páginas, culmina una macrocausa cuya instrucción arrancó en 2011, en plena crisis económica en España, y dio lugar a un juicio oral de un año de duración. Los hechos se prolongaron durante una década, de 2000 a 2010.
Su núcleo es el manejo de un fondo público dotado de 854 millones de euros, y destinado a financiar despidos colectivos de trabajadores por parte de empresas en dificultades, en los llamados Expedientes de Regulación de Empleo (EREs). El dinero se concedió sin embargo discrecionalmente, «eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», según la sentencia.
«No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas«, afirma la sentencia, que habla de «descontrol absoluto» en el manejo de esos fondos y de «resoluciones muy gravosas para el erario» público.
La consecuencia de este mecanismo clientelar es que recibieron ayudas para prejubilarse personas por completo ajenas a las empresas beneficiarias, se abonaron comisiones irregulares a mediadores, y se perjudicó a muchos otros trabajadores que sí precisaban esas ayudas.
«La sentencia de los ERE confirma que durante años algunos dirigentes del PSOE-A utilizaron dinero público en Andalucía para sostener una red mafiosa que compraba la paz social y alimentaba la corrupción», reaccionó Alberto Garzón, líder del pequeño partido Izquierda Unida y aliado de Podemos. La fiscalía llegó a cifrar el fraude en 741 millones de euros, un montante que en sus conclusiones definitivas rebajó a 680 millones.
