Aumentó a 32 el número de muertos por las protestas que se mantienen desde el 20 de octubre.
Este jueves miles de personas comenzaron a descender desde El Alto hacia La Paz, ciudades separadas por pocos kilómetros, con los féretros de cinco de los ocho muertos que dejó el martes un operativo de las fuerzas militares y policiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustibles.
Los choques estallaron después de que los uniformados despejaron la salida de camiones destinados a paliar la escasez de combustible en la capital, afectada por los bloqueos de rutas y donde se multiplican las filas para encontrar gasolina, gas y abastecerse de pollos y verduras.
«Nos han acribillado, bala nos han metido. Esto es sanguinario», dijo Rufino Copa, un agricultor de 42 años que participa en las protestas contra Jeanine Áñez, la senadora de oposición que asumió el poder en reemplazo de Evo Morales, tras su renuncia y su exilio en México.
Los pobladores, que pretenden llegar a La Paz con sus muertos, en un abierto desafío a las nuevas autoridades, acusan a las fuerzas oficiales de haber disparado contra la manifestación que rodeaba la distribuidora de Senkata. El gobierno interino niega la responsabilidad en las muertes.
«Queremos justicia, no queremos que esta señora sea presidenta«, dijo una mujer indígena con su bebé de ocho meses a las espalda que pidió reserva ante su temor de ser perseguida.
Ante el estallido social, que ha profundizado las divisiones entre los indígenas leales al exmandatario y la gente de las clases medias y altas de las ciudades, el Congreso busca apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre, en el que Morales buscaba un nuevo mandato tras 13 años al frente de Bolivia.
Decisiones clave
La meta es que el Senado «apruebe este jueves» el llamado a nuevos comicios, para atender «esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables», dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.
El Congreso deberá analizar dos proyectos que apuntan al mismo fin, uno de Áñez enviado la víspera y el otro presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Morales y que cuenta con mayorías en ambas cámaras.
Oficialistas y oposición deberán ponerse de acuerdo sobre la fecha de elecciones y decidir si Morales puede postularse. Antes, tendrán que nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la destitución y captura de los antiguos jueces por la presunta manipulación de resultados a favor de Morales.
Desde su exilio, Morales insiste en haber sido víctima de un golpe de Estado tras perder el apoyo de las fuerzas militares y de policía. También se reivindica como el presidente en funciones, ya que su dimisión el 10 de noviembre no ha sido avalada por el parlamento.
Militares en tensión
Las discusiones en el Congreso sobre futuras elecciones se alternan con la tensión en las calles. Los militares están en máxima alerta ante el supuesto intento de los manifestantes que apoyan a Morales de tomarse las instalaciones de Senkata e impedir la salida de un convoy con camiones de gasolina.
El miércoles el ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que advertía que la planta estaba «peligrosamente cercada por personas afines al MAS», que tendrían en su poder explosivos.
La represión de las protestas aumenta la rabia contra el gobierno de Áñez, quien liberó de responsabilidades penales a los militares que intentan imponer orden.
En seis de los nueve departamentos de Bolivia hay bloqueos de vías, lo que ha disparado el precio de productos de la canasta familiar hasta 200 % en ciudades como La Paz.
