El ente investigador busca establecer si en efecto las comunicaciones de Humberto de la Calle y los demás fueron interceptadas ilegalmente.
La Fiscalía General abrió una investigación preliminar para establecer si en efecto las comunicaciones de los negociadores del Gobierno en el proceso de paz en La Habana (Cuba) fueron interceptadas de manera ilegal.
El fiscal General (e), Fabio Espitia manifestó que se recolectan las pruebas para verificar si las líneas del exjefe negociador, Humberto de la Calle y el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo fueron interceptadas sin orden judicial.
Como primera medida se estudiarán las declaraciones entregadas por el exfiscal de la Dirección contra las Organizaciones Criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo y el excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora que acusaron al exfiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira de ordenar las «chuzadas».
Gómez Góngora, quien ya fue sentenciado a ocho años y cuatro meses de prisión tras reconocer su participación en las interceptaciones ilegales a los miembros del sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), reconoció cómo fue la recopilación de información y el trámite que se adelantó en el interior de la Fiscalía.
Señaló que en febrero de 2014, se ordenó la interceptación de unas líneas dentro de una investigación contra integrantes del ‘Clan del Golfo’ por el crimen de un docente en el departamento de Chocó. Entre los teléfonos «chuzados» se encontraban el de las abogadas Consuelo Parra y Lina Sierra.
«En resumen las irregularidades que se han planteado en este caso, y que podemos señalar, es porque se utilizaron procesos penales existentes para efectuar y ordenar interceptaciones motivadas en la investigación por el homicidio de un docente universitario chocoano cuando el fin era controlar a las personas relacionadas con el proceso de paz en La Habana siendo esto totalmente ilegal”, precisó.
Consideró que con maniobras engañosas se presentaron estas pruebas ante jueces de control de garantías para que se les diera un aval. “Los informes del analista eran entregados al despacho del fiscal General, Néstor Humberto Martínez quien asumió desde su llegada el control de estas actividades. Se efectuaron otras interceptaciones a través del despacho contra miembros del Clan del Golfo, esto para verificar la posible comunicación con otros personajes”.
Los dos exfuncionarios coincidieron en señalar al entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), general (r) Luis Alberto Pérez quien habría tenido acceso a la información recopilada y era el encargado de presentar estas pruebas ante el despacho de Néstor Humberto Martínez.
Martínez Lugo y Gómez Góngora solicitaron que su proceso pase a conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) indicando que los hechos por los que son investigados tienen una relación directa con el conflicto armado interno.
Espitia indicó que en este caso existen dos escenarios: «que esa situación que se denuncia sí se haya dado o que sea una estrategia que se esté utilizando para entrar a la JEP. Son dos hipótesis que se pueden constatar muy fácilmente».
El jefe del ente investigador indicó además que se verificará la auditoría hecha al sistema ‘Zeus’, encargado de realizar las interceptaciones a los teléfonos. “Celular que haya sido ingresado es un celular que está en los archivos y este software impide cualquier edición o eliminación”.
Según los dos exfuncionarios, se habrían interceptado además las líneas del senador, Iván Cepeda -quien hacia parte de la Comisión de Paz-; la excongresista Piedad Córdoba; al exministro Álvaro Leyva Durán; y al abogado asesor de las extinta guerrilla de las Farc, Diego Martínez.
