Existen muchos factores que dificultan la investigación y la individualización.
El pasado viernes en la noche, un video de apenas 42 segundos acaparó rápidamente las redes sociales y empezó a competir, seriamente, con las grabaciones improvisadas de ciudadanos que temían por el ingreso en masa de vándalos a sus conjuntos residenciales.
En la grabación, que causó una gran indignación, aparecía Daneidys Barrera Rojas, conocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’ rompiendo los pocos vidrios que quedaban en pie de la estación de Transmilenio de Molinos en el sur de Bogotá. Con el mismo martillo, rompía varias cajas registradoras y la taquilla.
La joven aparecía portando un saco con capucha de una conocida película animada y, evidentemente emocionada, justificaba su actitud. Pese a que sabía que lo que estaba haciendo era vandalismo, la ‘influencer’ convocó a las personas que tenía cerca “para que siguieran su ejemplo”.
Pocas horas después que el video se volviera viral, como al parecer lo quería ‘Epa Colombia’, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación preliminar por daño en bien ajeno agravado, esto debido a que estaba destruyendo bienes del Estado.
Dos días después, el ente investigador solicitó a un juez de control de garantías que emitiera orden de captura contra Barrera Rojas para presentarla en una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida restrictiva de la libertad.
Poco valieron las lágrimas y el perdón que solicitó ‘Epa Colombia’ en otro video, para el ente investigador es claro que la joven rompió varios elementos de la estructura, se grabó de manera profesional, editó un video y lo publicó para hacerle un llamado a sus seguidores.
Sin embargo, tras este anuncio se preguntó una pregunta generalizada en las redes frente a la rapidez de esta investigación y las demoras que se presentan en otros casos de vandalismo igual o más graves. RCN Radio consultó a varios expertos para que dieran luces sobre las dificultades que se presentan a la hora de investigar y judicializar a los vándalos.
El abogado penalista Pedro Campos asegura que en este tipo de casos “muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”, haciendo referencia a que muchas son las personas detenidas por este tipo de actos, pero cuando se presentan ante los jueces de garantías estos deciden dejarlos en libertad por falta de elementos materiales probatorios.
El jurista señala que en estas audiencias el juez considera que no se presentan elementos suficientes para inferir que la persona que está senada en el estrado es la misma que aparece en unas fotos o videos atacando una fachada de un apartamento o agrediendo a un agente de la Fuerza Pública.
Y es lograr esta individualización es uno de los puntos más difíciles de la imputación puesto que las personas que casi siempre cometen este tipo de actos portan capuchas que impiden ver con claridad sus rostros, utilizan varias capas de ropas que se cambian con facilidad después de ejecutar los actos vandálicos y, en muchas ocasiones, es muy complicado capturarlas en flagrancia por el desorden y caos que se genera.
Para Campos, esto no es una situación exclusiva de Colombia y se ha convertido en un “verdadero dolor de cabeza” para las autoridades que administran justicia en el mundo, puesto que lograr una plena identificación de estos casos.
Por estas falencias, los jueces de control de garantías no tienen otra opción que dejarlos libres puesto que no cuentan con los elementos suficientes para dictar una medida de aseguramiento. Para el abogado, las investigaciones por estos hechos tienden a alargarse demasiado puesto que las pruebas nunca llegan a ser suficientes.
“Son muy pocos los testigos que pueden asegurar que la persona que es procesada fue la que en efecto, por ejemplo, arrojó una papa bomba en plena manifestación o le tiró un objeto a un policía (…) Cuando no se tienen estas pruebas el juicio tiende a fracasar”, detalló.
El ‘cartel de los vándalos’
Un investigador de la Policía, quien pidió mantener su identidad en reserva, recordó los problemas que se presentaron hace casi siete años con la publicación del ‘cartel de los vándalos’ después de las protestas por el Paro Agrario.
En ese momento se publicaron las fotografías de varios jóvenes en medio de las manifestaciones. Pero, al hacer una revisión de fondo, las imágenes aparecían borrosas, en otras los “vándalos” se resumían a manchas puesto que era imposible realizan una identificación y en los dos casos identificables resultaron ser jóvenes que no tenían que ver con estos hechos.
Recuerda que, por estos hechos, un juez ordenó retirar ese “cartel” y se realizó una investigación en contra del entonces director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y otros oficiales por autorizar la publicación de ese cartel.
Después de esto, la publicación de “los carteles de los vándalos” han recibido muchas críticas y cuestionamientos por la poca efectividad, prueba vigente de esto fue el publicado en Medellín donde ni siquiera aparecían los nombres completos ni los rostros de los vándalos.
El politólogo Camilo Sánchez, quien ha realizado varios estudios sobre abusos de la Fuerza Pública en Colombia, consideró que judicializar a los vándalos en el país no es tan fácil como parece. Existen muchos factores que dificulta realizar una investigación de fondo.
Cuando se presentan las capturas –indica- las autoridades cometen algunas fallas y omisiones que dejan vacíos que benefician a los detenidos. En este sentido recuerda que las autoridades realizan lo que se podría llamar una “cacería de brujas”, puesto que detienen y suben a un camión a las personas, pero al momento de presentarlos ante un fiscal o un juez las cosas cambian puesto que se tiene que demostrar que esa persona estaba haciendo un acto vandálico.
“No basta solo con mencionarlo, se tiene que probar”, asegura que el experto. En su concepto, existen muchos vacíos en la formación de la policía judicial que les impide mostrar resultados en contra de los vándalos. “De los centenares que capturan durante una manifestación, el 99% quedan libres”.
En el caso de ‘Epa Colombia’, Sánchez indica que ella mostró su rostro, narró los hechos e hizo una invitación pública para que siguieran haciendo daños. «Prácticamente le entregó a la Fiscalía todas las pruebas (…) Se evidencia claramente su participación en estos hechos».
